El Gobierno retira la acusación contra Iberdrola en el ‘caso Villarejo’
La Abogada del Estado sostiene que no hay "motivo aparente" para actuar como acusación, aunque ha solicitado volver a tener ese papel si se demuestra un perjuicio para la Administración
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Ibedrola. EFE
La Abogacía del Estado da marcha atrás en el juicio contra Iberdrola por la pieza 17 del caso ‘Tándem’ que investiga los presuntos encargos que la eléctrica pidió al excomisario Villarejo cuando todavía era miembro en activo del Cuerpo Nacional de Policía. Desde el organismo, dependiente del Gonierno, onsideran que existe una «falta de legitimación activa respecto de los delitos» por el que se imputa a Iberdrola.
Según ha avanzado el diario Cinco Días, la Abogacía ha solicitado que se dé «al Estado por apartado» del proceso. No obstante, en el caso de descubrir en la instrucción del caso cualquier elemento que pudiera suponer un perjuicio para la Administración, éste tendría la oportunidad de volver a presentarse como acusación.
La abogada del Estado, Rosa María Seoane, ha considerado que «analizadas las actuaciones y los hechos que son objeto de investigación», no hay motivo aparente por el que el Estado debería actuar como acusación, pese a tratarse de una investigación que analiza posibles delitos cometidos por una de las mayores empresas eléctricas del país junto a un representante activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
De hecho, la investigación destaca que podrían haberse cometido delitos continuados de cohecho activo, contra la intimidad y un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.
Los encargos a Villarejo
La compañía contrató en 2004 los servicios de Cenyt, la empresa gestionada por el excomisario, a través del director de seguridad de la eléctrica.
El objetivo superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera.
Para superar dichos obstáculos, el entonces comisario accedió a tráficos de llamadas de investigados y los informes que llegaban a Iberdrola tenían el carácter de confidencial. Iberdrola presentó hace varios meses un recurso de nulidad con el que evitar en calidad de imputados a su presidente, José Ignacio Sánchez Galán, como el resto de directivos de la compañía.
No obstante, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, terminó por rechazar dicho recurso, por lo que, pese a que todavía no hay fecha concretada, todo apunta a que Sánchez Galán se sentará en el banquillo.
