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La justicia obliga al Gobierno a suspender el rescate de Plus Ultra

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha ordenado la suspensión de la ayuda del Ejecutivo a la compañía por falta de justificación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. / Congreso

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. / Congreso

No habrá rescate a Plus Ultra. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha ordenado la suspensión de la ayuda del Ejecutivo por falta de justificación. Así lo asegura un auto de la jueza Esperanza Collazos, adelantado por El Mundo, en el que queda reflejado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) debe abstenerse de realizar el pago que tenía previsto para el próximo 28 de julio.

Así, la magistrada ha dado un plazo de cinco días a la compañía para que acredite la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

“Entendiendo que el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio del presente dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento, las partes deberán acreditar la necesidad de la entrega para dicha viabilidad de forma que una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración”, indica en el auto.

Fachada del edificio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)

Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de coronavirus ha puesto en una situación difícil. 

Una decena de cargos del Gobiernos podrían ser acusados por malversación

No obstante, en el auto queda reflejado que Collazos acordó investigar tanto al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora Toro, como al “resto de miembros del consejo de administración” por un posible delito de malversación de caudales públicos. Más de una decena de cargos del Ejecutivo podrían verse implicados.

Fuentes cercanas a la SEPI han explicado a Efe que el pasado 14 de julio el organismo, por un principio de prudencia vinculado a la apertura de la investigación judicial, puso en conocimiento del juzgado su intención de abonar a Plus Ultra el préstamo participativo.

Además de dirigirse al juzgado, la SEPI solicitó un informe a la consultora Deloitte, asesor jurídico de la operación, así como a la abogacía del Estado.

Deloitte concluyó que no existe impedimento legal alguno para abonar a la compañía aérea la cantidad pendiente, en tanto que la abogacía del Estado advirtió de que sin este desembolso se violentaría la obligación contractual contraída con la línea aérea y recomendó contar con el beneplácito de los tribunales.

Asimismo, prosiguen las mismas fuentes, la SEPI envió un informe elaborado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia con destino al Tribunal de Cuentas a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos, que el pasado 15 de junio se dirigió al tribunal para que analizara si había indicios de responsabilidad contable en el rescate de la aerolínea.

Más del 5.400M del fondo, todavía sin solicitar

El documento, que incluye el expediente y el proceso que se siguió para contratar a los asesores legal y financiero y elegir la oferta económica más ventajosa entre firmas profesionales de primer nivel, indica que de los 10.000 millones de euros con que está dotado el Fondo, más del 50 % (5.400 millones) están todavía sin solicitar. Parte de los 4.600 restantes han sido pedidos por seis compañías aéreas, añade el documento.

En poder del juzgado obra también un informe de la Intervención General del Estado que constata que la concesión de la ayuda a Plus Ultra no ha supuesto perjuicio o menoscabo contable alguno

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