Trama del jamón: la fiscalía añade 11 nuevos imputados

El último capítulo de la trama del jamón en Extremadura está lejos de terminar. La Guardia Civil interceptó esta misma semana 25.000 piezas cárnicas mal trazadas y, pocos días después, la Fiscalía de Badajoz ha ampliado su foco de sospechosos y ha elevado su número a casi una treintena, desde los 14 imputados iniciales.

Así lo confirman fuentes del Ministerio Público a Economía Digital, que concretan que serían 11 los nuevos investigados en el caso. El aumento se debe a las ramificaciones de esta trama, que no solo tiene conexiones en Extremadura (Badajoz y Cáceres), sino que se traslada a otras siete ciudades de España: Barcelona, Madrid, Huelva, Salamanca, Granada, Murcia y Zaragoza.

El siguiente paso, de acuerdo a las mismas fuentes, es que la juez  — ahora de baja —  que instruye la causa en el Juzgado de Jerez de los Caballeros, en la provincia de Badajoz, empiece a dar cita a los investigados para que declaren. 

Apenas han trascendido nombres de los implicados en la investigación, que ha avanzado bajo la hipótesis de que existe un entramado empresarial del sector cárnico dedicado a la comercialización ilegal de productos ibéricos. 

La última operación se conoció este miércoles. Fue bautizada como Sanedrac y se llevó a cabo tras las indagaciones de supuestas anomalías como parte de una investigación de un entramado empresarial dedicado a la comercialización ilegal de cárnicos.

Ahora, las autoridades tratan de esclarecer quiénes son los responsables de la partida incautada que presentaba problemas de trazabilidad básicamente por un motivo: se trata de productos cárnicos, supuestamente ibéricos, que no tienen su origen legal acreditado ni tampoco los sellos sanitarios que obliga la normativa de calidad de estos productos.

Monteporrino, en el foco de la investigación

La única empresa implicada cuyo nombre ha salido a la luz es Monteporrino, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad encontraron la partida de 150.000 kilos de carne, supuestamente ibérica, compuesta por un total de 24.843 piezas, entre jamones y paletas.

Monteporrino es una compañía sin actividad desde hace un año y su propietario, la empresa alimentaria Surave Spain SL, dedicada al criado de pollo, presentó concurso de acreedores en febrero de 2019. Su liquidación, a la vista de la documentación judicial consultada, se produjo en diciembre del mismo año. 

Fuentes conocedoras cuentan que la empresa era una cooperativa de trabajadores hasta el año 2018. Después pasó a manos de Surave y, siguiendo el mismo testimonio, empezó a cambiar sus prácticas comerciales.

Todo desembocó en problemas que se tradujeron en el despido de sus trabajadores, algunos de los cuales denunciaron a la empresa por haber sido despedidos sin cobrar su remuneración correspondiente los meses previos.

Surave, beneficiada por subvenciones de la Junta

Este medio publicó el miércoles que la Junta de Extremadura concedió ayudas económicas por valor de 108.000 euros a Surave Spain SL, que no había cumplido con uno de los requisitos fundamentales para ser beneficiaria de esta subvención: mantener la contratación indefinida objeto de subvención durante un periodo mínimo de veinticuatro meses.

Al día siguiente, desde la administración regional comunicaron que solicitarían la reclamación del dinero que dio a Surave, añadiendo los intereses de demora. Desde la Junta se excusaron en que «en estos meses, transcurridos dos años de requisito de permanencia, es cuando los técnicos de Empleo están revisando los expedientes y están comprobando si las empresas han cumplido o no con este requisito».