Leche Pascual pacta las indemnizaciones del ERE en Gurb
Tras el cierre, la planta será traspasada a Casa Tarradellas
Leche Pascual pacta las indemnizaciones del ERE en Gurb
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La plantilla de trabajadores de Leche Pascual en Gurb (Barcelona) ha logrado arrancar a la compañía un acuerdo que equipara las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) a las de un despido improcedente. El pacto afecta a los 80 trabajadores que perderán su empleo tras el cierre de la planta y fija compensaciones de 33 días por año trabajado, según ha informado este lunes Col·lectiu Ronda.
En el caso de los empleados con contratos anteriores al 12 de febrero de 2012, la indemnización se calculará con 45 días por año para el periodo previo a esa fecha y 33 días por año para el tiempo trabajado con posterioridad, tal y como establece el régimen transitorio de la reforma laboral.
El colectivo jurídico que ha asesorado a la representación de los trabajadores considera que el acuerdo es el resultado de la presión ejercida por la plantilla durante las negociaciones y lo presenta como «la mejor salida posible» dentro de un marco legal que califica de insuficiente para proteger el empleo.
Desde Pascual defienden, sin embargo, que el pacto supone un esfuerzo económico adicional por parte de la empresa. Según la compañía, las indemnizaciones acordadas se sitúan entre un 65% y un 125% por encima de las cuantías mínimas previstas en la legislación vigente.
El cierre de Gurb sigue adelante, que será traspasada a Casa Tarradellas
El acuerdo económico no altera el calendario previsto por la empresa. La fábrica de Gurb cesará definitivamente su actividad el próximo 31 de julio, culminando un proceso que Pascual justifica por razones organizativas e industriales y por la necesidad de adaptar su capacidad productiva a un mercado lácteo «cada vez más exigente».
La planta será traspasada posteriormente a Casa Tarradellas. No obstante, la representación sindical denuncia que la compañía catalana todavía no ha concretado ninguna oferta de empleo para los trabajadores afectados por el cierre.
Críticas a la legislación y a las administraciones
Col·lectiu Ronda sostiene que el caso de Pascual evidencia las carencias de la normativa laboral vigente, al permitir que empresas con resultados positivos puedan clausurar centros de trabajo rentables, trasladar la producción y ejecutar despidos como parte de su estrategia empresarial.
La entidad también reprocha la falta de implicación de las administraciones públicas durante el proceso, al considerar que no actuaron con la suficiente determinación para intentar garantizar la continuidad de la actividad industrial y preservar los puestos de trabajo.
Las alternativas que plantea Pascual al ERE
La compañía insiste en que, desde el inicio del proceso, trató de minimizar el impacto del cierre sobre la plantilla. Entre las alternativas planteadas figuraban opciones de continuidad laboral vinculadas a Casa Tarradellas, respetando salario y antigüedad, así como recolocaciones en el complejo industrial de Aranda de Duero con ayudas para el traslado, la mudanza y la vivienda.
Según Pascual, estas propuestas permitían ofrecer una alternativa al conjunto de los trabajadores afectados. Una vez descartadas esas vías de continuidad, la empresa asegura que optó por mejorar las condiciones económicas del ERE hasta alcanzar el acuerdo finalmente suscrito con la representación de la plantilla.
