Nueva vista judicial de Digi por el caso de sobornos y blanqueo de capitales en Rumanía

Digi vuelve a estar en el foco judicial en Rumanía. La teleco de Zoltán Teszári afronta este miércoles una nueva vista judicial por el caso de corrupción que lleva arrastrando más de una década, tras el recurso de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) del país rumano a la sentencia absolutoria de finales del año pasado.

El proceso judicial trata sobre la investigación de la compañía, del CEO del grupo, Serghei Bulgac, así como otros directivos antiguos y actuales, por su presunta participación en delitos de blanqueo de capitales y sobornos.

El origen del litigio se sitúa entre 2009 y 2011, cuando Digi invirtió 3,1 millones de euros en una empresa conjunta con Bodu S.R.L., propiedad de Bogdan Dragomir, hijo del presidente de la Liga Rumana de Fútbol Profesional, Dumitru Dragomir.

Aquella operación, centrada en la explotación de un recinto de eventos en Bucarest, fue posteriormente ampliada con nuevas transacciones en 2015 y 2016, que terminaron con la adquisición total del activo por parte del operador.

Para la compañía, se trató de movimientos orientados a asegurar la continuidad del negocio y recuperar la inversión inicial. Pero el organismo anticorrupción del país observó indicios de una supuesta operativa destinada a encubrir pagos irregulares.

La DNA sostenía que parte de los fondos canalizados a través de la sociedad conjunta habrían servido para retribuir de forma ilícita a figuras influyentes del fútbol rumano. Las acusaciones ganaron relevancia tras las denuncias del grupo mediático Antenna, que apuntaban directamente a la existencia de sobornos.

El pasado 25 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Bucarest absolvió a todos los acusados, ya que “los actos delictivos de los que se les acusaba han prescrito”, según comunicó Digi entonces.

Además, ordenó el levantamiento de los embargos que pesaban sobre los activos de la compañía. La resolución fue celebrada por Digi, que defendió entonces que acusaciones carecían de fundamento y que todas sus actuaciones se ajustaron a la legalidad.

Digi niega la acusación y defiende que los delitos han prescrito

Pero la sentencia no es firme y el proceso sigue, según explica Digi en su informe financiero anual. Anticorrupción recurrió la decisión del tribunal y la vista judicial está prevista para este miércoles 6 de mayo.

«Seguimos negando cualquier acusación contra Digi Romania, Integrasoft S.R.L. (filial del grupo) o cualquiera de nuestros o sus directivos o empleados actuales o anteriores en relación con este asunto, y creemos que en todo momento actuaron de conformidad con la legislación aplicable», indica la compañía en sus documentos.

En esta línea, considera que todos los delitos por los que se les acusa han prescrito, «lo que debería excluir toda responsabilidad penal de dichas personas y limitar la exposición de Digi Romania a los aproximadamente 4 millones de euros de sanciones pecuniarias no prescritas».

Pese a su convicción de inocencia, la compañía advierte de que si se admite el recurso y Digi sale finalmente condenada, podría ver limitada su capacidad para participar en licitaciones públicas en Rumanía e incluso «un mayor escrutinio» de sus operaciones que afecte negativamente a la percepción que se tiene del grupo.

También explica que, en caso de que se dieran cualquiera de estas circunstancias, Digi tendría problemas con sus relaciones con las autoridades gubernamentales del país, socios comerciales, prestamistas, así como la merma de su capacidad para renovar, mantener o firmar nuevos acuerdos importantes.

Los otros litigios del grupo

Más allá de este proceso judicial, Digi mantiene abiertos otros litigios regulatorios en su país de origen con los organismos competentes. Una de las investigaciones es por presunto abuso de posición dominante en el mercado que el Consejo de la Competencia de Rumanía (RCC) le abrió en mayo de 2025.

El riesgo de este expediente puede acarrear un impacto económico, ya que las leyes de competencia rumana contemplan multas de hasta el el 10% de la facturación total del grupo por cada infracción individual.

La otra tiene que ver con las capacidades que el regulador de las telecomunicaciones de Rumanía (Ancom) ha otorgado a Digi, al considerarla como operador con Poder de Mercado Significativo (SMP) en más de 6.000 localidades del país.

Digi perdería así la libertad de gestionar su infraestructura de fibra óptica y sería obligada a alquilarla a sus competidores directos (como Orange o Vodafone) bajo tarifas reguladas por el Estado.

Pero la Comisión Europea intervino en el proceso y abrió una investigación exhaustiva por las «serias dudas» de la compatibilidad del proyecto con el derecho de la UE.