Rumanía investiga a Digi por posible abuso de posición dominante en plena salida a Bolsa
Los reguladores aumentan la presión contra la teleco rumana en un momento crucial para su futuro
Archivo – Edificio de Digi
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Digi está en un momento crucial para su futuro, con una salida a bolsa en España en el horizonte y los reguladores rumanos mirando con lupa todos sus movimientos. La teleco de bajo coste tiene varios frentes abiertos, desde acusaciones de abuso de posición dominante, hasta la imposición de obligaciones de acceso mayorista a otros operadores.
La compañía de Zoltán Teszári ha experimentado un crecimiento imparable en los últimos años, siendo Rumanía y España sus principales mercados hasta la fecha. No obstante, el éxito ha conllevado también problemas, sospechas y un mayor control por parte de las autoridades de competencia.
El pasado mayo de 2025, el Consejo de la Competencia de Rumanía (RCC por sus siglas en rumano) abrió una investigación por presunto abuso de posición dominante contra Digi, analizando conductas que se remontan hasta el año 2015.
La investigación se centra en supuestas prácticas exclusorias y condiciones comerciales desleales en los mercados de televisión, internet y telefonía, según se desprende del folleto sobre la última ampliación de capital de 12,74 millones dirigido a inversores y consultado por este medio.
Este tipo de prácticas suelen utilizarse por parte de las empresas con mayor cuota de mercado para elevar artificialmente los costes de los rivales o impedir que compitan en igualdad de condiciones.
Posibles sanciones millonarias
Digi incluye en el folleto informativo este caso concreto como uno de los posibles riesgos para la empresa. El riesgo de esta investigación no sólo es operativo, sino que también puede acarrear un impacto económico en forma de sanción.
Las leyes de competencia rumanas establecen multas de hasta el 10% de la facturación total del grupo por cada infracción individual. Para una empresa con los márgenes ajustados de Digi, una sanción de este calibre tendría un impacto «material adverso», como reconoce la propia firma ante sus inversores.
Sin embargo, las investigaciones antimonopolio que abre el RCC habitualmente suelen demorarse entre dos y tres años, dependiendo de la complejidad del caso, por lo que no se espera una resolución al menos hasta 2027.
Mientras, la compañía que dirige Marius Varzaru en España planea dar el saltó al parqué para financiar su crecimiento y poder desplegar su propia red de fibra sin seguir quemando caja.
Si bien, de momento la compañía no se ha marcado plazos, al menos públicamente, y vigila de cerca el impacto que la guerra en Oriente Próximo está teniendo en los mercado.
Pugna entre Ancom y Bruselas por las obligaciones de acceso mayorista a Digi
Por otro lado, Ancom, el regulador del sector de las telecomunicaciones en Rumanía publicó un proyecto en marzo del año pasado para designar a Digi como operador con Poder de Mercado Significativo (SMP) en más de 6.000 localidades del país.
Una decisión que implica otorgar a la teleco una responsabilidad mayor de la que tiene hasta ahora por su crecimiento y la ganancia de cuota de mercado que le ha llevado a convertirse en el primer operador rumano.
Digi perdería así la libertad de gestionar su infraestructura de fibra óptica y sería obligada a alquilarla a sus competidores directos (como Orange o Vodafone) bajo tarifas reguladas por el Estado.
Es lo que técnicamente se conoce como regulación ex-ante, es decir, castigar preventivamente al líder para que los demás puedan competir sin haber invertido en sus propias redes. De este modo, el organismo pretende imponer a Digi una categoría similar a la que ha ostentado Telefónica en España durante décadas.
Sin embargo, Digi ha ganado por ahora tiempo para no comenzar a operar bajo las normas regulatorias que Rumanía quiere imponer. El pasado 4 de febrero de 2026, la Comisión Europea intervino en el proceso y abrió una investigación exhaustiva por las «serias dudas» de la compatibilidad del proyecto con el derecho de la UE.
Desde Bruselas aseguran que Ancom «no ha aportado pruebas suficientes» que justifiquen la existencia de elevadas barreras de entrada que impidan el acceso al mercado, así como la imposición de una regulación integral.
Además, a la Comisión le preocupa que la regulación «pueda desalentar futuras inversiones en toda la UE». La Comisión dispone de dos meses para seguir investigando el proyecto de medidas y las pruebas presentadas, y asegura que «tendrá muy en cuenta» la opinión del Organismo Europeo de Reguladores de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC).
Hasta que no finalice dicho análisis, el regulador rumano no podrá llevar a cabo su proyecto, por lo que queda paralizado hasta que Bruselas se pronuncie.
Así las cosas, la presión regulatoria contra la compañía aumenta en Rumanía, su país de origen y donde todavía ostenta más de la mitad de sus ingresos, mientras espera la ventana de oportunidad para salir a bolsa en España para poder cumplir objetivos de manera sostenible.
