Guerra judicial por las renovables: España salva el embargo a la selección, pero sigue pendiente de la justicia estadounidense
La justicia estadounidense constata que la Real Federación Española de Fútbol opera con independencia presupuestaria
Energías renovables. Foto: Europa Press.
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La justicia estadounidense ha dado un respiro a España en la guerra judicial contra las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables, después de salvar el embargo a la selección española de futbol en plena celebración del Mundial 2026. Sin embargo, aún está pendiente de la resolución por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos del recurso de amparo interpuesto por el país.
La Abogacía del Estado había pedido amparo al alto tribunal estadounidense asegurando que cuenta con inmunidad soberana para afrontar el pago de los laudos. Por el momento, el Gobierno de Estados Unidos ha recomendado a la justicia norteamericana rechazar el recurso al considerar que el caso no tiene las condiciones necesarias para ser revisado.
El origen de la guerra judicial
El origen del conflicto judicial se remonta a 2013, cuando el Gobierno encabezado por Mariano Rajoy desmanteló el sistema de primas a las energías renovables para atraer inversión extranjera. La decisión desencadenó un aluvión de reclamaciones en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo que depende del Banco Mundial.
Tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea consideran que el desembolso de las indemnizaciones supondrían una ayuda ilegal al proceder de arbitrajes incompatibles con la legalidad europea.
La postura choca frontalmente con la expresada por los acreedores de las energías renovables, que se escudan en el Tratado de la Carta de la Energía, que permite a los inversores extranjeros reclamar compensaciones cuando existen cambios regulatorios perjudican sus inversiones.
A pesar de que la Unión Europea y varios países se han marchado del tratado, las inversiones continúan protegidas a lo largo de dos décadas por la cláusula de supervivencia. Por el momento, las empresas afectadas han obtenido laudos favorables en países como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur o Australia.
Embargo del Instituto Cervantes en Holanda
Una de las grandes victorias de los acreedores de las energías renovables ha sido el embargo del Instituto Cervantes emplazado en Utrecht. Después de que la justicia holandesa les diese la razón, se convirtieron en propietarios del inmueble y comenzaron a formalizar los trámites necesarios para sacarlo a subasta pública con el objetivo de compensar los impagos contraídos por parte de España.
Se trata de un edificio histórico situado en pleno centro de la ciudad. Según las estimaciones de mercado, el inmueble conformado por cuatro alturas y utilizado por la institución pública para la promoción de la lengua y la cultura española, está valorado en un importe cercano a los 10 millones de euros.
Qué activos están en juego
Entre las actuaciones judiciales emprendidas en Estados Unidos destacan las órdenes de discovery dirigidas a rastrear activos, pagos, transferencias y operaciones financieras relacionadas con organismos públicos, empresas estatales y entidades a España. Los requerimientos judiciales alcanzan infraestructuras centrales del sistema financiero internacional, desde la Reserva Federal norteamericana (FED) hasta el sistema de pago SWIFT.
En el punto de mira de los acreedores de las renovables se encuentra el contrato de defensa firmado por España con Raytheon para la compra de cuatro sistemas Patriot valorados en más de 1.700 millones de dólares. Según explicaron fuentes jurídicas vinculadas al proceso, los equipos legales están estudiando cómo intervenir pagos adelantados, garantías o transferencias financieras vinculadas a la operación.
Tras recibir luz verde para reclamar información financiera y contractual vinculada a España, también advirtieron que los activos utilizados para realizar desplazamientos oficiales en territorio norteamericano podrían verse afectados. En este sentido, apuntaron hacia el avión oficial Falcon, empleado habitualmente por el Gobierno de España y la Casa Real, y aseguraron que podrían solicitar su embargo o inmovilización cautelar.
Blindaje de la selección española de fútbol
Los acreedores también iniciaron actuaciones vinculadas a la participación de España en el Mundial de 2026, concretamente, requerimientos judiciales dirigidos a proveedores, patrocinadores y entidades relacionadas con la organización del torneo. Sin embargo, la justicia estadounidense ha blindado a la selección española de futbol de las amenazas de embargo al considerar que no representan «alter egos» del Estado.
Según se desprende del fallo judicial, Estados Unidos constata que la Real Federación Española de Fútbol opera con independencia presupuestaria y es gestionada por un presidente y una asamblea general electos.
Una deuda de más de 2.330 millones
España tiene actualmente pendientes de pago cerca de treinta laudos arbitrales internacionales, si bien hasta la fecha únicamente ha satisfecho uno, el correspondiente al caso JGC. En Estados Unidos, los inversores han obtenido hasta siete sentencias federales firmes a su favor, por un importe total cercano a los 700 millones de euros.
En conjunto, la deuda contraída por España tras el recorte de las primas a las energías renovables supera los 2.330 millones de euros, de los cuales unos 553 millones de euros corresponden a intereses de demora, costas judiciales y otros recargos.
