Revés para Renfe: suspendida la licitación de su nueva empresa de autobuses
El conflicto gira en torno a la intención de la compañía de constituir una sociedad participada al 49% por la operadora pública y al 51% por un socio privado
Un tren Avant. Foto: Europa Press. Renfe.
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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha frenado de forma cautelar la licitación de Renfe para crear una sociedad mixta de autobuses, un proyecto pensado para reforzar el transporte alternativo por carretera cuando las líneas ferroviarias quedan cortadas.
La medida supone un golpe temporal a la estrategia de la operadora pública, que buscaba asociarse con una empresa privada para ganar capacidad de respuesta en situaciones de emergencia y garantizar que los viajeros pudieran completar sus trayectos.
Renfe ante una licitación bloqueada
La suspensión cautelar sucede después de que el plazo para presentar ofertas se cerrara este mismo miércoles. El tribunal ha considerado que, si el procedimiento siguiera adelante mientras se estudia el fondo de la reclamación, podrían producirse perjuicios de difícil o imposible reparación.
En la práctica, eso significa que el proceso queda paralizado hasta que exista una resolución definitiva sobre los recursos presentados por las patronales del sector.
El conflicto gira en torno a la intención de Renfe de constituir una sociedad participada al 49% por la operadora pública y al 51% por un socio privado. Esa empresa se encargaría de los servicios alternativos por carretera que se activan cuando una incidencia ferroviaria impide circular con normalidad.
Para Renfe, el objetivo es disponer de una estructura más ágil, con autobuses disponibles en todo momento y capacidad de reacción inmediata ante averías, obras o incidencias climáticas.
La protesta del sector
La oposición viene de Fenadismer y Anetra, que consideran que los requisitos exigidos por Renfe son desproporcionados y restringen de forma excesiva la competencia.
Según estas patronales, las condiciones fijadas en el pliego dejan fuera a la inmensa mayoría del tejido empresarial español del transporte de viajeros, compuesto sobre todo por pequeñas empresas familiares y operadores de reducido tamaño.
Los criterios más controvertidos son especialmente duros: contar con una flota de 500 vehículos en propiedad o, en caso de concurrir en consorcio, disponer al menos de 300, además de acreditar una facturación superior a 75 millones de euros y haber ejecutado contratos similares por un valor mínimo de 35 millones.
Las asociaciones del sector sostienen que esos umbrales no están al alcance de la gran mayoría de operadores y que, por tanto, el concurso favorece de facto a unos pocos grupos de gran tamaño.Fenadismer y Anetra recuerdan que, en España, el 60% de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas con menos de diez autobuses.
Desde su punto de vista, la licitación no solo complica la entrada de pymes, sino que podría consolidar un modelo de acceso al mercado en el que solo un reducido número de grandes compañías tenga opciones reales de competir.
El argumento de Renfe
Renfe defiende, por su parte, que los requisitos de solvencia responden a una necesidad operativa muy concreta: garantizar que el adjudicatario pueda movilizar autobuses suficientes de manera inmediata en contextos de emergencia.
La compañía sostiene que un servicio de estas características exige una estructura empresarial sólida, una base logística amplia y recursos disponibles para actuar con rapidez en cualquier punto de la red.
La operadora pública insiste en que la idea de crear una sociedad mixta no busca excluir a las pequeñas empresas, sino asegurar un nivel de respuesta alto y homogéneo. En ese sentido, el diseño del concurso permitiría que compañías menores participen si se integran en consorcio con otra de mayor tamaño, lo que Renfe interpreta como una fórmula para combinar músculo operativo y participación empresarial más amplia.
