Santander contempla como riesgo a su negocio el proyecto de ley de crédito al consumo del Gobierno
Santander contempla como posibles riesgos para su negocio la aprobación en España de leyes que afectan al sector financiero.
Logo de Banco Santander. Foto: Europa Press.
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Santander contempla como posible riesgo para su negocio la aprobación en España de dos leyes que afectan al sector financiero, en trámite parlamentario y aprobadas en Consejo de Ministros hace meses.
El primer banco español explica, en el folleto de una reciente emisión de deuda publicada en CNMV y consultado por este diario, que el Gobierno «ha propuesto varios cambios regulatorios que, de ser aprobados», podrían reducir o aplazar temporalmente determinadas medidas de gestión.
En particular, Santander, en el apartado de Riesgos del folleto, destaca el Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos (ley servicers) y el Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo.
El crédito al consumo alcanzó los 114.000 millones de euros en noviembre de 2025, en torno al 15% del total del crédito a los hogares
En marzo de 2025 el Gobierno aprobó y remitió al Congreso el Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, en una transposición de la Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021, con el objetivo de garantizar la protección de los consumidores financieros y dotar de estabilidad al sector.
«La venta de créditos dudosos junto con activos adjudicados ha sido una herramienta esencial para el proceso de saneamiento de los balances de las entidades de crédito españolas tras la crisis financiera», admite el Gobierno en el proyecto de ley.
Entre las novedades más destacadas que incluye el proyecto se encuentra la obligación de obtener autorización del Banco de España para poder administrar créditos dudosos y el establecimiento de ciertos requisitos para la compraventa de este tipo de créditos.
En su folleto de emisión de deuda, Santander señala que, de aprobarse, se exigiría a los prestamistas «implementar u ofrecer medidas de renegociación y aplazamiento«, y, para los prestatarios vulnerables, «planes de pago con congelación de la acumulación de intereses/comisiones y cuotas basadas en los ingresos antes de la cesión o ejecución», lo que reduciría los intereses provisionales de los préstamos.
Santander, ley de créditos al consumo
El Consejo de Ministros abordó a principios del pasado mes de enero un anteproyecto de ley para regular los créditos al consumo, transponiendo dos directivas europeas.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó que esta «reforma integral» protege al consumidor, evita situaciones de sobreendeudamiento «y aumenta la transparencia y la rendición de cuentas en este segmento del mercado de créditos».
Banco de España explicó el pasado mes de febrero que el anteproyecto, de aprobarse, implicaría el establecimiento de límites a los tipos de interés y al coste de los créditos; esos límites afectarían a todos los productos de financiación, entre ellos las tarjetas revolving.
También supondrá la creación de dos nuevas entidades, los ‘Establecimientos Financieros de Crédito de Actividad Limitada‘, y los ‘Prestamistas de alto coste‘.
Además, la mayor parte de los prestamistas estarían autorizados y supervisados por Banco de España; se prohibirán, al igual que en el crédito inmobiliario, las ventas vinculadas.
El crédito al consumo alcanzó los 114.000 millones de euros en noviembre de 2025, en torno al 15% del total del crédito a los hogares, un máximo histórico.
En su reciente folleto publicado en CNMV, Santander señala que proyecto de ley «reforzaría las obligaciones de aplazamiento y reestructuración» y limitaría los gastos por impago y regularía la cesión/gestión de créditos.
Lo que conllevaría la congelación o limitación de «los intereses y las comisiones, y exigiría la modificación de los plazos de amortización, reduciendo o aplazando temporalmente los flujos de efectivo de los préstamos durante los periodos de regularización o cumplimiento».
Los dos proyectos de ley descritos están sujetos «al proceso parlamentario, conforme al cual podrán ser aprobadas (con o sin modificaciones) o rechazadas», indica Santander.
«Por lo tanto, su fecha de entrada en vigor, alcance y contenido final siguen siendo inciertos», añade.
De ser aprobadas, concluye el banco, las disposiciones anteriores «darían lugar a una reducción o aplazamiento temporal de los flujos de efectivo de los Préstamos y, en última instancia, podrían afectar la capacidad del Emisor para realizar los pagos de los Bonos o tener, de otro modo, un efecto adverso significativo».
