Las sociedades españolas del caso YPF reclaman una sanción de un millón al día a Argentina
Las sociedades de los banqueros Eskenazi, domiciliadas en Madrid, reclaman que Argentina sea declarada en desacato al no cumplir la sentencia que obliga al país a pagar 16.100 millones por la expropiación irregular de YPF a Repsol.
Sede de YPF. Foto EFE-David Fernández
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Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, las sociedades domiciliadas en Madrid de la familia argentina de banqueros Eskenazi, que tenían el 25% de la petrolera argentina YPF cuando fue expropiada irregularmente a Repsol en el año 2011, reclaman a la Justicia de Estados Unidos una sanción de un millón de dólares diarios a Argentina y que el país sea declarado en desacato.
Las sociedades españolas reclaman dichas medidas ante la constatación de que Argentina está haciendo lo posible por no acatar la histórica sentencia de septiembre de 2023, en la que la Juez Loretto Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, condenó a Argentina a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares a los denunciantes de la expropiación de la petrolera.
Las sociedades de los Eskenazi recibirán 14.385 millones de dólares, de los que 7.533 lo son por daños y 6.582 millones por intereses del 8%.
«Tras más de ocho años de litigio, la Corte dictó una sentencia de 16.100 millones de dólares contra la República», recuerda en un reciente escrito presentado ante la Juez la representación legal de las sociedades españolas, y también del fondo Eton Park, otro de los acreedores de YPF.
Argentina cuenta con una «larga trayectoria» de incumplimientos de sentencias firmes, dicen los demandantes
«En lugar de cumplir con las modestas condiciones de la Corte para una suspensión, la República se ha resistido a prácticamente todos los esfuerzos por ejecutar cualquier parte de esa sentencia no suspendida, recurriendo a demoras persistentes y artimañas judiciales», asegura.
Los demandantes también lamentan en este reciente escrito presentado ante el Juzgado de Nueva York, consultado por este diario, que Argentina no haya aportado las comunicaciones entre funcionarios solicitadas, o datos referidos a activos públicos del país que podrían ser embargados.
Las sociedades españolas pretenden probar que organismos públicos como el Banco Central o Aerolíneas Argentinas actúan como alter ego del Estado, por lo que serían activos con los que Argentina podría responder ante la sentencia de septiembre de 2023.
«La Corte debería imponer sanciones contra la República Argentina y declararla en desacato (…)», consideran los abogados de las empresas demandantes.
«Este desafío no es una anomalía, es el último episodio de una larga trayectoria en la que la República (…) se ha resistido a la ejecución de sentencias firmes ignorando la autoridad de la Corte», añade. «El incumplimiento de la República es intencional y de mala fe«, afirma.
El tribunal estadounidense «puede y debe imponer sanciones civiles por desacato, incluyendo una multa coercitiva diaria de al menos un millón de dólares, pagadera al Tribunal por el incumplimiento continuo de la República», señala.
«El Tribunal también debería otorgar a los demandantes honorarios y costas razonables incurridos para garantizar el cumplimiento y litigar esta moción», añade.
De acuerdo a fuentes conocedoras del proceso consultadas por este diario, los próximos días se celebrarán audiencias en el Juzgado de Nueva York; el 19 de febrero Argentina presentará ante la Juez sus alegaciones, y el 5 de marzo será el turno de los demandantes.
El presidente Javier Milei dio muestras durante la campaña electoral, y al principio de su mandato, de asumir la sentencia de Nueva York.
Sin embargo, bajo la presidencia de Milei, Argentina no ha dado ninguna muestra real de pretender pagar a los acreedores de YPF. Ha solicitado cartas de apoyo, y recibidas, de los Gobiernos de otros países muy alejados de la ideología radicalmente liberal del presidente argentino, como México o Brasil, y no ha efectuado pago alguno.
