Taxi y VTC, por fin unidos: ambos están discriminados en zonas rurales

En un momento en el que todavía se debate si la regulación perjudica al taxi frente a la VTC (o al revés), la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) publica ahora un informe en el que sitúa a ambos en el mismo lado: están discriminados frente al autocar en determinadas zonas de España.

Se trata de áreas rurales en las que los concursos públicos para el transporte escolar, laboral y sanitario en vehículos turismo están dirigidos a autobuses y ambulancias. 

Para Competencia, las administraciones han excluido la participación de taxis y VTC, los coches que utilizan aplicaciones como Uber y Cabify, en una gran parte de las más de 50 licitaciones públicas analizadas, tal como muestra en su estudio. 

En un comunicado afirman que «existen situaciones en las que resulta más conveniente que se presten mediante vehículos de turismo», tales como los desplazamientos regulares de escolares en zonas rurales con baja densidad de población, la asistencia programada a centros sanitarios para recibir tratamientos dedicados al transporte sanitario no asistido ni urgente o el desplazamiento regular de empleados públicos (transporte laboral).

Competencia, taxis y VTC

El informe de Competencia es uno más de un listado de investigaciones que ha realizado para saber cómo de regulados están este tipo de vehículos. Hasta el momento, el organismo presidido por José María Marín Quemada era señalado por algunos sectores del taxis de, según su opinión, apoyar a la VTC y no al taxi.

Lo cierto es que la CNMC ha instado a las administraciones a no regular en algunos aspectos a la VTC, como sí pedía el taxi. El último ejemplo fue en enero del pasado año, cuando acusó al Ministerio de Fomento de no justificar los recortes a los coches de Uber y Cabify en su decreto ley, que a la postre fue la génesis de la normativa que desarrolló la Generalitat de Catalunya.

El real decreto que articuló el ministro socialista José Luis Álabos limitaba a los vehículos VTC de manera injustificada, según Competencia. “Estas restricciones no han sido convenientemente justificadas desde la óptica de los principios de necesidad y proporcionalidad”, afirmó en su documento [consultar aquí].

Y no se quedó ahí. Señaló medidas concretas, como la de establecer una barrera temporal para contratar una VTC. «La obligación de prestar el servicio de forma precontratada supone un obstáculo injustificado», dijo Competencia en una clara alusión a la medida que impuso la administración catalana y que más tarde desarrollaron otras comunidades autónomas.