Telefónica limita las indemnizaciones de sus directivos tras pagar 90 millones por despidos

La tormenta desatada por las salidas millonarias de José María Álvarez-Pallete (44,5 millones) y Ángel Vilá (33,8 millones) ha obligado a Telefónica a reescribir las reglas del juego retributivo como avanzó El Mundo.

La operadora lleva a su junta general del próximo 26 de marzo una nueva política de remuneraciones que, de aprobarse, impondrá topes más estrictos a las compensaciones por cese y eliminará la posibilidad de acumular indemnización y plan de ahorro.

La reforma llega después de que la factura total de los ceses en 2025 alcanzará los 90 millones de euros, cifra que ha generado críticas desde el Gobierno, los fondos de inversión internacionales y los principales asesores de voto.

El escándalo no fue solo de cifras. Fue también de forma. Tanto Álvarez-Pallete como Vilá vieron cómo sus finiquitos se engrosaban no solo con las cuatro anualidades contractuales de sus respectivos sueldos, sino con un apartado adicional denominado «plan de previsión social de directivos», un paquete de instrumentos de ahorro —seguros, planes de pensiones— que aportó 13 millones al pago del expresidente y 9,6 millones al del extitular de operaciones. Una fórmula legal, sí, pero que dejó maltrecha la imagen de gobernanza corporativa de la empresa.

A esos dos grandes cheques hay que sumar otros 12,3 millones repartidos entre altos directivos también cesados en 2025, entre ellos Eduardo Navarro (Asuntos Corporativos), Juan Francisco Gallego (Auditoría Interna) y Mark Evans (Estrategia).

En total, la factura del cambio de guardia impulsado por el Gobierno a través de la SEPI ascendió a casi 90 millones de euros, suficiente para financiar varios años de dividendo a los pequeños accionistas.

Nueva política de remuneraciones

La respuesta de la compañía llega en forma de nueva política de remuneraciones que entrará en vigor en 2027. La medida estrella es la incompatibilidad entre la compensación por resolución de contrato y cualquier derecho económico derivado del plan de previsión social de directivos. En términos prácticos: quien cobre la indemnización por cese no podrá retirar simultáneamente los fondos acumulados en ese plan de ahorro, la partida que más infló los finiquitos de Pallete y Vilá.

Otro cambio relevante afecta al número de anualidades garantizadas en caso de despido unilateral por parte de la empresa. El nuevo contrato del presidente Marc Murtra recoge únicamente dos años de salario fijo como indemnización máxima, frente a las cuatro que contemplaban los contratos anteriores. Una reducción del 50% que, con el salario fijo de Murtra fijado en 1,93 millones de euros —el mismo que percibía Álvarez-Pallete desde 2016—, situaría su potencial finiquito en torno a los 3,86 millones antes de la parte variable.

Sin embargo, la reforma no cierra todas las puertas. Emilio Gayo, el consejero delegado nombrado en 2025 en sustitución de Vilá, mantiene un contrato antiguo que le reconoce cuatro anualidades por cese. Con un salario fijo de 1,45 millones de euros —150.000 euros menos que su antecesor— y la aplicación del esquema retributivo anterior, un eventual despido del número dos podría generar una factura cercana a los 20 millones de euros, un escenario que la nueva política no logra desactivar del todo en el corto plazo.