Andorra interrogó a un abogado en nómina de Gao Ping horas antes de detener al CEO de BPA

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Anticorrupción resuelve en 24 horas la rogatoria que el Principado envió a Madrid el pasado miércoles

Carlos Quílez

De izquierda a derecha, Ramon Cierco e Higini Cierco, los dueños de BPA, y el consejero delegado encarcelado, Joan Pau Miquel
De izquierda a derecha, Ramon Cierco e Higini Cierco, los dueños de BPA, y el consejero delegado encarcelado, Joan Pau Miquel

en Barcelona, 16 de marzo de 2015 (12:27 CET)

El Fiscal General de Andorra, que el pasado martes día 10 abrió diligencias de investigación por blanqueo de capitales contra la cúpula de Banca Privada de Andorra (BPA), interrogó, tres días después, el viernes 13, a un abogado barcelonés, cuya declaración precipitó, horas más tarde, la detención del consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel Prats.

Se trata de Rafael Pallardó, imputado en el sumario del caso Emperador, que se sigue en la Audiencia Nacional contra una presunta trama de corrupción vinculada con la mafia china.

Imputado que "tira de la manta"

Según fuentes judiciales, este abogado era uno de los encargados de trasladar personalmente el dinero negro de la organización que dirigía el empresario chino Gao Ping, a cuentas secretas en Andorra.

Según ha confirmado Economía Digital, su declaración el pasado viernes fue determinante para que, horas después, Joan Pau Miquel, que ya ha pasado sus primeras horas en prisión, fuera detenido.

El testimonio de este abogado es una pieza clave en esta investigación contrarreloj que ha desatado la justicia andorrana, pero también lo está siendo el aporte de información sensible que ha enviado la Fiscalía Anticorrupción española a sus homónimos en el Principado.

Colaboración entre fiscales

El martes día 10, la Fiscalía General del Andorra abrió diligencias a partir del informe del Tesoro norteamericano que destacaba operaciones concretas de blanqueo de capitales en la entidad financiera.

El miércoles día 11, el Ministerio Público de Andorra envió una comisión rogatoria a España reclamando toda aquella "información relevante" en poder de la Audiencia Nacional, sobre la implicación de BPA, el banco de los hermanos Cierco, en tramas internacionales de blanqueo de capitales.

El jueves, tan sólo 24 horas después de la recepción de dicha rogatoria, Anticorrupción remitió al país pirenaico un primer informe de urgencia con la información requerida. Fundamentalmente se aportaron datos de los reveladores documentos manuscritos incautados en el despacho de Rafael Pallardó.

La agenda reveladora

En concreto, Anticorrupción elaboró un informe que contiene cinco dossieres sobre cinco de las páginas manuscritas por el letrado en las que se recogían los pagos de comisiones a la cúpula de BPA a cambio de ocultar el dinero negro de la trama que dirigía Gao Ping.

Se trata de cinco páginas con decenas de anotaciones que hacen referencia a diversas personas que habrían recibido diferentes pagos. Estas personas están siendo identificadas, una a una, dado que las  anotaciones  de los papeles de Pallardó, sólo aparecen las iniciales.

Un directivo del BPA, desaparecido

En este sentido, y a la espera de las verificaciones que, sobre estos cinco dossieres, está llevando a cabo la fiscalía andorrana, Anticorrupción identificó al menos a un directivo de la entidad, adscrito a la dirección de captación de fondos e inversiones, como receptor, también, de comisiones de la red que diría Gao Ping.

La fiscalía española detectó a este individuo el pasado jueves en Andorra, pero cuando la policía de aquel país trató de localizarle para proceder a su detención, había desaparecido.

Orden de busca internacional

Se ha emitido contra él un orden de búsqueda y captura internacional. Asimismo se busca a una ciudadana de origen chino, vinculada con la BPA, que también habría favorecido el ocultamiento de la fortuna ilícita de Gao Ping en Andorra.

Fuentes de la policía andorrana no descartan nuevas detenciones las próximas horas, tras el interrogatorio judicial a Joan Pau Miquel y después de desgranar el informe que el jueves envió Anticorrupción a Andorra.
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