Bruselas bloquea la solución política a las preferentes
PP y PSOE negocian un acuerdo que resarza a los inversores en este producto de las cajas de ahorros. Sin embargo, Almunia obstaculizará cualquier medida que implique el uso de fondos públicos
Partido Popular y Partido Socialista están a punto de alcanzar un acuerdo para dar una solución política a los tenederos de participaciones preferentes.
Sin embargo, Bruselas podría poner trabas al asunto. Ambos grupos, que buscan la complicidad de los demás partidos, pretenden que los pequeños inversores recuperen el dinero invertido en este producto financiero diseñado por las cajas de ahorros españolas. Para ello, se aportarían fondos públicos, probablemente después de que el Frob reciba el préstamo destinado a la recapitalización de la banca.
Encima de la mesa se ultima la compra de las participaciones a los inversores en una situación de mayor desamparo. Es decir, se reactivaría el mercado secundario sólo para algunas personas y con un único comprador, probablemente la propia caja con dinero Frob. Los primeros cálculos proyectan una partida de no más de 3.000 millones que se destinarían a compensar a los casos más «delicados» en toda España, según fuentes parlamentarias. El resto, deberán esperar.
Este jueves, el secretario de Estado de Economía, Francisco Jiménez Latorre, y el portavoz del PSOE en la comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, se han reunido para acercar posturas.
Sin embargo, todas las alternativas desarrolladas en los trabajos parlamentarios toparán con la Comisión Europea que deberá autorizarlos expresamente. El responsable de Competencia, el español Joaquin Almunia, ha vetado las propuestas sondeadas directamente por las cajas participadas por el fondo de rescate Frob al entender que violarían las normas europeas sobre ayudas públicas. Creen en Bruselas que no pueden distorsionar la competencia con el respaldo del Estado.
A la espera de que se concreten las posiciones en el Congreso y más tarde con el gobierno comunitario, a la solución que se está diseñando desde el ámbito político podrían acogerse aquellos ahorradores que justifiquen mayor necesidad económica, o bien los que puedan demostrar que apostaron por el producto desconociendo su complejidad.
¿Quién podrá acogerse?
Los clientes de Novagalicia que firmaron los contratos usando su huella dactilar serían los casos más evidentes. Los jubilados también estarían contemplados en esta suerte de rescate a inversores. En total, el 15% de los afectados. La opción se concentraría en las entidades nacionalizadas: además de la entidad gallega, CatalunyaCaixa, Castilla-La Mancha y Bankia.
La conversión de preferentes en acciones de bancos cotizados ha rebajado el saldo total en un 40%. Es la opción que ofreció Caixabank a sus clientes, que aceptaron prácticamente todos. Una vía similar se está diseñando para Unnim desde el BBVA.
Un poder creciente
Sea como fuere, el colectivo de afectados por las preferentes está ganando tamaño. En Catalunya, Galicia y Valencia los ahorradores agraviados han protagonizado constantes protestas en las propias sedes de las entidades financieras y han tomado oficinas.
La organización de los clientes, cada vez mayor, y las dudas sobre el correcto comportamiento de las cajas de ahorros para colocar estos productos están impulsando al colectivo de afectados hasta cuotas de poder insospechadas al inicio de sus reivindicaciones, hace justo un año cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibió el mercado secundario.
Los partidos políticos pretenden dar una solución antes de que el movimiento gane tamaño con la adhesión de los inversores en otros productos financieros también polémicos.
