El asesor financiero de Hugo Chávez blanqueó en Andorra desde 2007

Las autoridades pirenaicas ignoraron las denuncias de BPA sobre ingresos sospechosos de Gabriel Ignacio Gil Yánez, que utilizó los salvoconductos diplomáticos para ocultar comisiones millonarias

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Altos funcionarios del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez blanquearon capitales en Andorra durante al menos cinco años. El integrante de mayor rango identificado hasta ahora es Gabriel Ignacio Gil Yánez, principal asesor económico del Ejecutivo bolivariano y que trabajó en el ministerio de Finanzas.

Según una denuncia de Banca Privada de Andorra (BPA) a la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF), las operaciones sospechosas habrían empezado en 2007, tres años antes de que al Principado suscribiera los protocolos de la OCDE para salir de la lista de paraísos fiscales, y se habrían propagado hasta 2012.

Gil Yánez utilizó una sociedad llamada North Hilton Investment como empresa pantalla para efectuar cuantiosos ingresos en efectivo así como transferencias sospechosas, según la documentación que obra en poder de este diario.

En la misma también aparecen otros nombres próximos al entorno de Chávez. Jorge Luis Mathison y Miguel Antonio Djamous prestaron ayuda al consejero económico del ex presidente venezolano. En la trama constan igualmente Crown Investors y Goldsilver Advisors como mercantiles vinculadas a la operativa.

Fraude mil millonario

Los investigadores del Tesoro estadounidense elevan la cantidad blanqueada por los diferentes funcionarios del país suramericano hasta los 2.000 millones de dólares. Las sospechas iniciales situaban en Panamá el punto de contacto inicial de la red con BPA, entidad que habría recibido los fondos en primera instancia.

Sin embargo, la Superintendencia de Bancos de Panamá, que ha mantenido intervenida la filial del grupo andorrano durante un mes, no ha hallado pruebas de presuntas irregularidades. La custodia gubernamental de la sucursal se levantó el pasado 10 de abril.

La operativa era menos sofisticada, pues, de lo inicialmente previsto. El propio Gil Yánez viajaba hasta Andorra para ingresar el dinero. La operativa recuerda a las famosas bolsas negras que transportaba Jordi Pujol Ferrusola en compañía de su ex novia María Victoria Álvarez. El asesor de Chávez utilizó el visado diplomático para eludir los controles fronterizos, según explica la denuncia de BPA a las autoridades pirenaicas.

La entidad de la familia Cierco dio el paso de desvelar la operativa tras requerir «reiteradamente» detalles sobre los ingresos y de que la poca documentación aportada no coincidiera con la declaración inicial «expuesta en el momento de la apertura de la cuenta».

Fecha de la primera denuncia

La UIF selló el acuse de recibo de la denuncia voluntaria por sospechas de blanqueo el 16 de agosto de 2007. Desde entonces, las autoridades locales apenas han movido un dedo. Un ejemplo puede ilustrar el funcionamiento de la justicia andorrana ante casos similares. Norman Puerta Varela era el comisario responsable de la lucha contra la droga en Venezuela.

El policía, sin embargo, fue detenido en 2010 por contrabando de heroína. Un salvoconducto del mismo Gobierno venezolano le permitía viajar. El funcionario tenía en BPA una cuenta con 1,3 millones de dólares. El banco advirtió a las autoridades andorranas de la presencia de Varela, la policía le detuvo pero un juez le soltó inmediatamente.

Confusión en Andorra

El mismo episodio de confusión se repitió en 2011. Los Cierco decidieron actuar por su cuenta y despidieron al directivo que le captó como cliente. El español Antonio Salvador ejercía en Venezuela como asesor de los clientes de una ejecutiva local, Mariela Milagros. Ambos acabaron en la calle. La fecha del finiquito coincide con el siguiente episodio: la declaración del ex subdirector de negocio internacional de BPA, Pablo Laplana.

El banquero, con sede en Andorra, asegura que aquel año se interrumpió la operativa sospechosa y que los funcionarios venezolanos dispersaron sus cuentas hacia otras entidades: Andbank y Morabanc están ahora en el punto de mira de los fiscales. Los dos grupos (propiedad de la familia Cerqueda y de los Mora, respectivamente), advierten de acciones legales contra Laplana, quien les señala ahora como colaboradores de los funcionarios venezolanos (supuestamente, sin pruebas).

Miembros del Tesoro estadounidense continúan investigando en Andorra la Vella cómo los integrantes presuntamente corruptos del Ejecutivo boliviariano, que ahora preside Nicolás Maduro, salvaban las comisiones ilegales por mordidas y tráfico de drogas.

Ismael García Villarejo

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