El Congreso tumba el decreto del alquiler: ni Sánchez ni la ministra lo han defendido
PP, Vox y Junts votan en contra del decreto de los alquileres que protegía a tres millones de inquilinos
Montaje realizado por Economía Digital.
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El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la prórroga de los contratos de alquiler, una medida que amparaba a más de tres millones de españoles. PP, Vox y Junts han sumado sus votos para hundir el decreto en una sesión marcada por una doble ausencia que no ha pasado desapercibida: ni Pedro Sánchez ni la ministra de Vivienda han acudido al hemiciclo a defender una de las iniciativas estrella del Ejecutivo.
Con 176 votos en contra sobre el total de 350 escaños, queda derogado el Real Decreto 8/2026. El texto se articulaba sobre tres ejes: El primero, y el más demandado, era la prórroga extraordinaria de dos años. El segundo pilar era el tope del 2% en las actualizaciones anuales de renta. El tercer eje afectaba a los alquileres de temporada y de habitaciones.
La votación ha dejado un regusto amargo en los partidos que apoyaban la medida y ha encendido el debate sobre la responsabilidad política de un gobierno que, en palabras de sus propios socios, no ha peleado lo suficiente por sacar adelante el decreto.
El resultado supone un golpe directo a millones de inquilinos que, a partir de ahora, quedan sin el paraguas legal que les permitía negociar condiciones con sus arrendadores y, en muchos casos, evitar subidas de renta.
El diputado del Partido Popular, Daniel Pérez, ha protagonizado uno de los discursos más duros de la jornada, apuntando directamente a las ausencias en el banco azul. «¿Dónde está la Ministra de Vivienda? Con un real decreto tan importante, este era su lugar y su momento«, ha espetado desde la tribuna, recordando que en enero la propia titular dijo que no iba a apoyar este decreto.
«Si estamos debatiendo este real decreto es porque Pedro Sánchez tenía que ceder para mantenerse en el poder un día más», ha añadido Pérez, calificando al Ejecutivo de «circo».
El representante popular ha cargado también contra la política de vivienda del Gobierno en términos más amplios: «Prometieron más de 200.000 viviendas y ¿cuántas han entregado? Cero«.
Pérez ha defendido que la intervención del mercado produce el efecto contrario al deseado: menos oferta y precios más altos. «Solo el 15% de los jóvenes puede emanciparse en España, somos el quinto país de Europa con la emancipación más alta«, ha subrayado.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ejerce como portavoz del Gobierno en ausencia de la ministra de Vivienda, ha defendido con vehemencia el decreto en sus dos intervenciones.
«Van a votar si las casas de tres millones de españoles son suyas o si son de los fondos para hacer negocio«, ha arrancado el titular de Consumo, señalando que la prórroga suponía un alivio económico de más de 2.000 euros anuales por hogar, unos 600 euros al mes en el caso de Madrid o Valencia.
Bustinduy ha apelado a los datos para respaldar la medida: el 74% de la población apoya la prórroga, y un 20% de los españoles vive de alquiler. «Lo que votamos hoy es algo con lo que no pierde nadie», ha afirmado, antes de acusar a la derecha de no tener «un solo argumento» en contra.
En su segunda intervención, el ministro ha lanzado un recado al PP: «Entre su electorado tienen el doble de inquilinos que de caseros. ¿Ustedes creen que van a entender argumentos de este tenor?»
El portavoz socialista, Ignasi Conesa, ha intentado trasladar la responsabilidad del fracaso a la oposición: «Las izquierdas no debemos equivocarnos de enemigos».
En un discurso breve, Conesa ha acusado a quienes han votado en contra de «tratar a las familias vulnerables como delincuentes» y de ser «muy valientes con las familias vulnerables pero muy cobardes con los fondos buitre«. «Para ustedes la vivienda es un negocio y para nosotros un derecho«, ha concluido.
Por su parte, Carlos Hernández, diputado de Vox, ha esgrimido argumentos radicalmente opuestos para justificar su voto negativo. Según el representante de la formación ultraderechista, el problema del precio de la vivienda tiene una causa principal: el exceso de demanda derivado, a su juicio, de la política migratoria del Ejecutivo.
«Abrir de par en par las puertas de España a millones de personas que buscan vivienda es un suicidio«, ha afirmado, añadiendo que «más de tres millones de personas buscaron casa en 2025 pero no la pudieron encontrar«.
La diputada de Junts, Marta Madrenas, ha justificado el voto en contra de su formación aduciendo defectos técnicos en la redacción del decreto.
Según Madrenas, la prórroga de dos años no exige que el inquilino esté al día de pago, y la excepción por necesidad del propietario «tal como sale en el decreto, no se puede hacer«.
«El gobierno sabía cuáles eran nuestras objeciones y no ha hecho nada por solucionarlas«, ha lamentado la diputada catalana, quien ha acusado al Ejecutivo de elaborar «una operación de propaganda» en lugar de «una medida rigurosa de vivienda«.
Algunas de las críticas más ácidas al Ejecutivo han llegado desde sus propios socios o exsocios. Ione Belarra, de Unidas Podemos, ha reclamado «expropiar las viviendas de los fondos buitre» y ha lanzado un dardo directo al PSOE: «Señorías del PSOE, basta de excusas. Tienen el gobierno. Gobiernen.»
Gerardo Pisarello, de Sumar, ha insistido en que el ministerio «no ha hecho nada» y ha advertido de que, sin un parque de vivienda pública robusto, estos decretos son parches insuficientes.
Desde el Grupo Mixto, Águeda Micó, ha señalado que «la propia ministra de vivienda ni se ha puesto aquí a defender este decreto», mientras que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha apelado al diálogo: «Hoy dejamos a mucha gente tirada por no movernos de nuestras posturas.»
Millones de alquileres en el aire
La caída del decreto deja en el aire la situación de millones de inquilinos que ya habían solicitado la prórroga y que ahora desconocen cuál es su situación jurídica.
El debate ha revelado, además, una profunda fractura no solo entre Gobierno y oposición, sino en el seno del propio bloque progresista, donde Sumar y Podemos llevan meses reclamando una política de vivienda más ambiciosa.
La ausencia de Sánchez y de la ministra en una votación tan sensible difícilmente pasará sin coste político en los próximos días.
