Los hermanos Cierco (i), junto a Joan Pau Miquel Prats, exconsejero delegado de BPA

Andorra dio por buenas auditorías de BPA que sólo controlaron 20 cuentas

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CRISIS EN LA BANCA ANDORRANA

en Madrid, 18 de abril de 2015 (19:15 CET)

Ni KPMG ni Deloitte fueron capaces de detectar las cuentas y movimientos sospechosos que desde Estados Unidos (EEUU) han visto tan claro en el seno de Banca Privada de Andorra (BPA). Tampoco pusieron mucho empeño. Las dos auditoras recibieron el encargo específico del consejo de administración del banco de certificar que el grupo cumplía con los procedimientos contra el blanqueo de capitales y de prevención de la financiación del terrorismo internacional. 

En la cúpula de BPA no es que existiera una sospecha concreta, sino que cumplieron con un trámite obligatorio según la legislación andorrana. Forma parte de los compromisos que el país adquirió con la OCDE para ser excluido de la lista de paraísos fiscales. Por esta razón, el ejercicio se realiza desde 2011. El banco está ahora intervenido y técnicos del Tesoro estadounidense trabajan en la sede para investigar las pruebas que demostrarían la supuesta implicación en el lavado de hasta 2.800 millones de euros. 

Tres informes favorables

A pesar de la cuantía, nadie vio nada. KPMG se ocupó de escrutar las actividades del grupo en 2011 y 2012, mientras que Deloitte hizo lo propio en 2013. Los tres informes que recibió el consejo, con los hermanos Higini y Ramon Cierco a la cabeza, descartaban la comisión de delitos y garantizaron que BPA cumplía con la legislación vigente en esta materia. Pero los dos gigantes pasaron de puntillas en sus investigaciones con la legislación andorrana como coartada.  

Aunque una auditoría puede ser ambigua per se, Deloitte ni siquiera indagó en las filiales. Bastó una declaración conforme las sociedades de valores, aseguradoras y otras firmas del grupo cumplían con los mismos protocolos que la matriz para que diera por sentado que no hacían falta "procedimientos específicos adicionales" a los que se aplicaron al seno del grupo durante el proceso de certificación.

Tibieza reguladora

Al final de su trabajo, que constó de 11 fases, se emitieron los informes que concluyen que "no se ha puesto de manifiesto ninguna incidencia que suponga el incumplimiento de los requisitos establecidos por el apartado 52 de la ley de cooperación internacional contra el blanqueo". Al veredicto se llega después de seguir el guión técnico que distribuyeron la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF) y el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF); va acompañado de algunas recomendaciones generales.

Ambas instituciones, dependientes del Gobierno, centran su máximo interés en la formación del personal contratado, en la verificación de los canales de comunicación entre empleados y en los órganos internos de supervisión. Se infiere, por tanto, que el banco disponía de mecanismos de control. Pero lo más chirriante, comparado con los protocolos que aplica la Unión Europea, es que tanto KPMG como Deloitte revisaron "aleatoriamente" 20 cuentas de banca privada, 20 de empresas nacionales, otras 20 extranjeras y diez de clientes particulares.

Once normas para todos

Este muestreo menor sirvió a ambas firmas para aventurarse a firmar que BPA estaba limpia, aunque "no cubrieron la totalidad de las transacciones". En los países ajenos a la esfera de los paraísos fiscales, la búsqueda se centra en movimientos con importes a partir de 3.000 euros sin origen claro. Las auditorías que Andorra dio por buenas para el banco de los Cierco, puesto que se realizaron según las recomendaciones del regulador, se han aplicado en el resto de entidades.

En el mes y medio de crisis, el Gobierno andorrano ha activado una ley para liquidar ordenadamente entidades y un fondo de 30 millones con los que proteger los ahorros de los impositores de BPA. Sin embargo, no ha realizado amago alguno de endurecer los controles que detecten si existe blanqueo en los bancos del Principado. Los fiscales españoles también sospechan de AndBank y MoraBanc. Un empleado de BPA fue el primero en reconocer públicamente que ha habido escuchas telefónicas en ambos grupos por parte de la policía española.

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