Hacienda podrá rastrear tus pagos con tarjeta desde el 1 de enero si superas este límite
Un cambio fiscal que amplía el control sobre los medios de pago electrónicos
Pago con tarjeta bancaria. Foto: Pixabay.
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El inicio de 2026 traerá consigo un cambio relevante en la relación entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria, especialmente en lo que respecta al uso de tarjetas bancarias y otros sistemas de pago electrónico. A partir del 1 de enero, Hacienda contará con una mayor capacidad para rastrear los movimientos económicos realizados con tarjeta cuando se supere un determinado umbral anual, una medida que forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
La modificación normativa se apoya en el Real Decreto 253/2025, que introduce cambios en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y actualiza las obligaciones de información de las entidades financieras. El objetivo es adaptar el sistema tributario a una realidad en la que los pagos en efectivo pierden peso frente a las transacciones digitales.
Este nuevo marco legal no implica un control indiscriminado de todos los movimientos, pero sí establece nuevos criterios que amplían el volumen de información que los bancos deberán remitir a Hacienda. El cambio afecta tanto a pagos en comercios físicos como a operaciones online y a los realizados mediante dispositivos móviles.
Adiós al antiguo umbral y nueva obligación informativa
Hasta ahora, las entidades bancarias solo estaban obligadas a informar a la Agencia Tributaria de determinadas operaciones que superaban los 3.000 euros, y lo hacían de forma anual. Este límite funcionaba como un filtro para operaciones puntuales de elevado importe, pero dejaba fuera una gran cantidad de movimientos recurrentes de menor cuantía.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa, ese umbral desaparece, y se sustituye por un sistema más amplio basado en el volumen total de operaciones realizadas a lo largo del año. A partir de 2026, el foco se sitúa en un límite anual de 25.000 euros en cargos y abonos asociados a tarjetas.
Además, la información dejará de enviarse una vez al año y pasará a comunicarse con carácter mensual, lo que permitirá a la Agencia Tributaria disponer de datos mucho más actualizados y detectar posibles incoherencias de forma más temprana.
El nuevo límite: 25.000 euros al año en pagos con tarjeta
El elemento clave de la reforma es el establecimiento de un umbral anual de 25.000 euros, a partir del cual los bancos deberán informar a Hacienda de los movimientos realizados con tarjetas de crédito, débito y otros instrumentos similares. Este cómputo incluye pagos en establecimientos, compras online, recargas, retiradas de efectivo y otros cargos y abonos vinculados a la tarjeta.
Quedarán excluidas de esta obligación aquellas tarjetas cuyos movimientos no superen ese importe anual, lo que significa que muchos usuarios con un uso moderado de medios electrónicos no verán sus datos remitidos automáticamente al fisco por este concepto.
No obstante, para quienes sí rebasen el límite, la Agencia Tributaria contará con una fotografía bastante completa del volumen de gasto y de los flujos de dinero asociados a ese medio de pago, lo que refuerza su capacidad de análisis y cruce de datos.
A quién afecta realmente esta medida
El impacto más directo de esta reforma recaerá sobre autónomos y pequeñas empresas, colectivos que ya estaban sujetos a un mayor control de sus cobros y pagos electrónicos. Para ellos, la principal novedad es la periodicidad mensual de la información, que reduce el margen temporal para corregir errores o regularizar situaciones.
En el caso de los particulares, la medida no supone una obligación adicional de declarar, pero sí incrementa la probabilidad de que Hacienda tenga información detallada si el volumen de pagos con tarjeta es elevado. Esto puede derivar en comprobaciones si los datos bancarios no encajan con los ingresos declarados.
El objetivo declarado por la Administración es aumentar la transparencia y reducir la economía sumergida, especialmente en un contexto en el que el uso del efectivo es cada vez menor y las transacciones digitales concentran una parte creciente de la actividad económica.
Pagos online y móviles, también bajo el radar
La nueva obligación informativa no se limita a las tarjetas físicas tradicionales, sino que se extiende a pagos realizados a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles y sistemas de pago integrados en smartphones. Esto incluye billeteras electrónicas y servicios vinculados a cuentas bancarias.
Con esta ampliación, Hacienda adapta su capacidad de control a los hábitos de consumo actuales, donde las compras online y los pagos sin contacto son ya mayoritarios en muchos segmentos de población.
El cambio normativo refuerza el mensaje de que el medio de pago no altera la obligación fiscal, y que cualquier operación económica relevante debe poder ser trazada en caso de superar determinados umbrales.
Más información no implica sanción automática
Desde el punto de vista legal, superar el límite de 25.000 euros no conlleva ninguna sanción automática, ni implica que el contribuyente haya cometido una irregularidad. La comunicación de datos por parte del banco es solo un paso previo que permite a Hacienda analizar la coherencia fiscal.
Las posibles consecuencias solo llegarían si se detectan discrepancias relevantes entre los movimientos bancarios y lo declarado en el IRPF u otros impuestos. En ese caso, la Agencia Tributaria podría iniciar un procedimiento de comprobación o inspección.
Por ello, los expertos recomiendan revisar con atención las declaraciones fiscales, especialmente para quienes realizan un uso intensivo de tarjetas o concentran en ellas gran parte de su gasto anual.
Un paso más en la digitalización del control tributario
La reforma se enmarca en una tendencia más amplia de digitalización y refuerzo del control fiscal, alineada con las recomendaciones europeas y con el uso creciente de herramientas de análisis de datos por parte de las administraciones públicas.
Hacienda busca anticiparse al fraude en lugar de detectarlo a posteriori, y para ello necesita información más frecuente y detallada sobre los flujos económicos reales.
Con la entrada en vigor de este nuevo sistema el 1 de enero de 2026, los contribuyentes deberán asumir que el uso intensivo de pagos electrónicos conlleva una mayor trazabilidad, lo que refuerza la importancia de mantener una fiscalidad ordenada y coherente con la realidad económica.
