Cambios fiscales en marcha: Hacienda adaptará el IRPF al nuevo SMI
La reforma fiscal busca que la subida del salario mínimo no se traduzca en una mayor carga impositiva para los trabajadores con menores ingresos
Archivo – La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
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El Ministerio de Hacienda trabaja en una nueva adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para evitar que la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI) termine generando una mayor carga fiscal para los trabajadores con rentas más bajas. El objetivo del departamento que dirige María Jesús Montero es preservar el poder adquisitivo de quienes perciben el salario mínimo, tras el último acuerdo alcanzado con los sindicatos para elevar su cuantía.
El SMI se situará en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que supone un incremento relevante respecto al umbral anterior. Esta actualización salarial, que deberá ser aprobada en Consejo de Ministros, afectará directamente a cerca de 2,5 millones de personas en España, muchas de ellas con contratos precarios o en sectores especialmente sensibles a los cambios normativos.
Desde Hacienda reconocen que el aumento del salario mínimo obliga a ajustar el marco fiscal vigente, para evitar que una mejora salarial nominal acabe diluyéndose por el impacto del IRPF. Por ello, el ministerio ultima una modificación de la deducción existente, que seguirá una estructura muy similar a la aplicada en ejercicios anteriores.
Una deducción diseñada para blindar las rentas más bajas
La nueva deducción que prepara Hacienda rondará los 600 euros anuales, una cifra que permitiría neutralizar la tributación del IRPF para quienes cobran el salario mínimo o cantidades inferiores. Los técnicos del Ministerio estiman que el coste presupuestario de esta medida se situará en torno a los 200 millones de euros, en línea con el esfuerzo fiscal realizado en ejercicios previos.
El diseño de esta deducción seguirá el esquema aplicado en la última reforma, introducida tras la subida del SMI del año pasado. Aquella modificación permitió que los perceptores del salario mínimo quedaran exentos de tributar en el impuesto sobre la renta, a través de una reducción directa en la cuota final del IRPF.
Desde el ámbito de los expertos fiscales se valora positivamente esta continuidad normativa, ya que aporta estabilidad y previsibilidad a los contribuyentes con menores ingresos. Además, evita situaciones en las que un aumento salarial aparentemente beneficioso pueda traducirse, en la práctica, en una pérdida de renta disponible.
El precedente de 2025 marca el camino
La experiencia de la subida del SMI aplicada en 2025 ha servido de referencia para el nuevo ajuste fiscal, tanto en su planteamiento técnico como en su alcance social. En aquel ejercicio, el salario mínimo se fijó en 1.184 euros mensuales, y el Gobierno optó por introducir una deducción específica para impedir que los beneficiarios tuvieran que declarar por IRPF.
Esa reforma permitió que los trabajadores con rendimientos del trabajo inferiores a 17.256 euros anuales no vieran incrementada su carga tributaria, a pesar del aumento salarial. La medida fue fruto de una negociación entre los ministerios de Hacienda y Trabajo, en un contexto de fuerte presión inflacionaria y pérdida de poder adquisitivo.
Ahora, con una subida adicional del SMI, Hacienda pretende replicar ese mismo mecanismo, adaptándolo a las nuevas cifras salariales. El objetivo declarado es que los 518 euros adicionales al año que supone el nuevo salario mínimo se perciban íntegramente, sin que Hacienda se lleve una parte vía impuestos.
Impacto económico y social de la medida
El ajuste del IRPF al nuevo SMI tiene un claro componente redistributivo, al centrarse en proteger a los trabajadores con menor capacidad económica. En un escenario marcado por el encarecimiento de la vivienda, la energía y los alimentos, el Gobierno considera prioritario preservar el efecto real de las subidas salariales.
Desde el Ejecutivo subrayan que la medida refuerza la coherencia de la política fiscal con la laboral, evitando contradicciones entre el aumento del salario mínimo y la recaudación impositiva. De este modo, se busca que el IRPF no actúe como un freno indirecto a las mejoras salariales impulsadas por el diálogo social.
Los sindicatos han defendido históricamente este tipo de ajustes fiscales, al considerar que el salario mínimo debe funcionar como una red de protección efectiva y no como un umbral a partir del cual se penaliza fiscalmente a los trabajadores más vulnerables.
Un debate recurrente en cada subida del salario mínimo
Cada incremento del SMI reabre el debate sobre su impacto fiscal y presupuestario, especialmente en lo que respecta a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Sin embargo, desde Hacienda recuerdan que el coste de estas deducciones es limitado si se compara con el beneficio social generado.
La adaptación del IRPF al nuevo salario mínimo también evita distorsiones en el mercado laboral, como la desincentivación de subidas salariales o la percepción de que trabajar más horas no compensa por el efecto de los impuestos.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un modelo en el que el crecimiento salarial y la política fiscal avancen de la mano, reforzando la protección de las rentas más bajas sin renunciar a la progresividad del sistema tributario. La aprobación de la nueva deducción marcará, una vez más, el delicado equilibrio entre ingresos públicos y justicia social.
