IRPF de los mutualistas: Hacienda abre la devolución también a quienes no hicieron la declaración
La cuantía media de las devoluciones se sitúa entre 3.000 y 4.000 euros por persona
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece ante los medios de comunicación.
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El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha una profunda revolución en la devolución del IRPF a mutualistas, permitiendo por primera vez que también puedan beneficiarse quienes no presentaron declaración en su momento porque sus ingresos no superaban el mínimo legal.
El cambio llega tras años de reclamaciones, diversas sentencias, y una clara voluntad política de simplificar y universalizar el acceso a las compensaciones económicas derivadas de cotizaciones históricas a mutualidades laborales.
La clave es que, hasta ahora, sólo podían solicitar la devolución quienes hubieran declarado el impuesto en los ejercicios afectados (principalmente 2019-2022), lo que dejaba fuera a un número significativo de perceptores de pensiones, muchos de ellos ya jubilados con prestaciones modestas y sin obligación de hacer la declaración.
Ahora, y gracias a los nuevos criterios de la Agencia Tributaria, quienes no la presentaron pero reúnen condiciones podrán autorizar a Hacienda para que recalcule y presente la autoliquidación a su nombre, usando los datos disponibles y aplicando la opción más favorable para el contribuyente. El organismo fiscal se ha comprometido a no reclamar ni sancionar si sale un resultado a pagar.
El cambio beneficiará no solo a titulares de pensiones, sino también a sus herederos, ampliando de manera real el alcance de las compensaciones históricamente debidas.
Se estima que aún quedan pendientes cientos de miles de devoluciones en España tras la sentencia clave del Tribunal Supremo en 2023, que estableció la existencia de doble imposición y el derecho a minorar la base imponible del IRPF por cotizaciones a mutualidades anteriores a 1978.
Hacienda: nuevo sistema
El procedimiento para reclamar la devolución del IRPF a mutualistas jubilados ha sido actualizado y centralizado. Desde este año, Hacienda habilita en su sede electrónica un formulario único donde los afectados (o sus herederos) deben identificar sus cotizaciones (generalmente realizadas entre 1967 y 1978), aportar datos bancarios, teléfono y, si ya tenían una solicitud previa, volver a registrarla por el nuevo sistema para no perder el derecho al abono.
Las solicitudes presentadas con anterioridad quedan sin efecto tras la aprobación parlamentaria del nuevo esquema y deben renovarse para tramitarse correctamente.
El avance reside en que el abono se hará íntegramente durante 2025 y en un solo pago, en vez de fraccionarse en cuatro años como preveía la normativa anterior.
Así, el plazo para presentar la solicitud termina el 30 de junio de 2025, y la Agencia Tributaria prevé que las devoluciones se ingresen antes del 31 de diciembre. Esta novedad acelera la resolución de casos y permite que pensionistas y familias cuenten con los recursos antes y sin dilaciones burocráticas.
La cuantía media de las devoluciones se sitúa entre 3.000 y 4.000 euros por persona, aunque puede oscilar según los años cotizados, las cantidades y la naturaleza de la mutualidad de que se tratase.
Además, la propia Agencia Tributaria sugiere que, si tienes cotizaciones en varias entidades, el ajuste vendrá desglosado y aplicado a cada pensión de forma individual en la declaración de renta; en el caso de los herederos, basta acreditar el vínculo y la condición para que la solicitud esté igualmente habilitada.
Quienes no presentaron autoliquidación en 2020, pero sí reúnen todos los requisitos, podrán autorizar a la administración para que recalcule automáticamente y les abone la devolución resultante.
Hacienda indica que, si el resultado del cálculo es a pagar, tampoco iniciará procedimiento sancionador ni exigirá el ingreso del importe, fomentando así la confianza y la voluntad de regularización voluntaria.
La devolución del IRPF a mutualistas supone uno de los mayores desembolsos del Estado de esta materia de los últimos años. Algunas estimaciones señalan que el importe global de compensaciones podría superar los 3.000 millones de euros si todos los potenciales beneficiarios tramitan el procedimiento antes de la fecha límite.
