El Banco de España da la voz de alarma: el incremento de salarios de los funcionarios amenazan las cuentas de 2027

El Banco de España ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro de las cuentas públicas, pese al tono optimista que mantiene sobre la evolución general de la economía española. En su último informe de proyecciones macroeconómicas y fiscales, el supervisor mejora las previsiones de crecimiento para los próximos ejercicios, pero al mismo tiempo señala un foco de preocupación claro: el incremento pactado de los salarios de los empleados públicos tensionará el déficit a partir de 2027 y obligará a replantear la política fiscal si se quieren cumplir los compromisos europeos.

La institución eleva en tres décimas su estimación de crecimiento para 2025, reflejando una economía que mantiene un dinamismo superior al esperado gracias al consumo, la creación de empleo y la resistencia de la inversión. Sin embargo, este escenario favorable no es suficiente para neutralizar el impacto de algunas decisiones de gasto ya comprometidas, entre las que destaca de forma especial la política retributiva acordada para los funcionarios.

El informe deja claro que el problema no es inmediato, sino que se concentra en el medio plazo. Mientras que en 2025 y 2026 el efecto presupuestario es limitado y manejable, el año 2027 aparece como un punto crítico, cuando la acumulación de subidas salariales coincide con otras presiones estructurales sobre el gasto público.

Un acuerdo salarial con efectos diferidos pero intensos

El pacto alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos del sector público establece un calendario de subidas que, en apariencia, se reparte de forma gradual. Para 2025 se contempla un aumento del 2,5%, seguido de un 1,5% en 2026, con la posibilidad de añadir medio punto adicional si la inflación supera determinados umbrales. El elemento más relevante llega en 2027, con un incremento del 4,5% que podría elevarse hasta el 5,5% al incorporar los componentes variables arrastrados del ejercicio anterior.

El Banco de España subraya que este diseño genera un efecto escalón, concentrando buena parte del impacto presupuestario en un solo año. En comparación con el escenario previo, que asumía subidas salariales inerciales del 2% anual, el nuevo acuerdo supone un mayor gasto equivalente a 0,05 puntos del PIB en 2025, prácticamente nulo en 2026, pero muy significativo en 2027, cuando alcanzaría 0,37 puntos del PIB.

Esta desviación no es menor en términos fiscales, ya que se produce en un momento en el que el margen de flexibilidad permitido por las reglas europeas será mucho más estrecho. El supervisor advierte de que la política salarial se convierte así en uno de los principales factores de presión sobre el equilibrio presupuestario del Estado.

El déficit de 2027, en el centro de las preocupaciones

La consecuencia más directa del acuerdo salarial es la revisión al alza del déficit previsto para 2027, que el Banco de España sitúa en el entorno del 2,5% del PIB. Según el organismo, la mayor parte de este repunte se explica por el impacto directo de las subidas retributivas del sector público, que elevan el gasto estructural de forma permanente.

El informe señala que no se trata de un problema coyuntural, sino de un cambio en el perfil de gasto que se mantiene en el tiempo. A partir de 2027, el aumento de la masa salarial de las Administraciones Públicas se suma a otras partidas que también crecerán de forma relevante, como las pensiones, la inversión pública y los pagos por intereses de la deuda.

Esta combinación de factores obliga a anticipar ajustes adicionales, ya sea por la vía de mayores ingresos o de contención de otras partidas de gasto, si España quiere evitar desviaciones respecto a la senda fiscal comprometida con Bruselas. El Banco de España insiste en que, sin medidas correctoras, el riesgo de incumplimiento aumentará de forma notable.

Ingresos al alza, pero insuficientes para compensar el gasto

El supervisor reconoce que los ingresos públicos seguirán mostrando una evolución favorable en los próximos años. La recaudación por IRPF, IVA y cotizaciones sociales continuará creciendo al calor del empleo y de la actividad económica, aportando un colchón relevante a las finanzas públicas.

Sin embargo, el informe es claro al señalar que este aumento de los ingresos no será suficiente para absorber completamente el impacto del mayor gasto asociado a la política salarial y social. Incluso con una economía en expansión, el desajuste entre ingresos y gastos persiste a partir de 2027.

El Banco de España aclara que sus proyecciones solo incorporan medidas ya aprobadas o anunciadas con un alto grado de concreción, lo que refuerza el carácter prudente de sus estimaciones. Para el resto de partidas, se asume una evolución alineada con el crecimiento potencial de la economía, lo que implica que cualquier desviación adicional podría agravar aún más el escenario fiscal.

El marco europeo y el fin del margen de flexibilidad

Uno de los elementos clave del análisis es la referencia a las nuevas reglas fiscales europeas, que entrarán en pleno funcionamiento en los próximos años. Estas normas permiten cierta flexibilidad en el corto plazo, pero exigen una senda creíble de ajuste a medio plazo.

El Banco de España advierte de que ese margen se agotará a partir de 2027, coincidiendo precisamente con la concentración de la subida salarial de los empleados públicos. En ese contexto, cualquier incremento estructural del gasto tiene un impacto directo sobre el cumplimiento de los objetivos pactados con la Unión Europea.

El informe recoge también el análisis de la AIReF, que apunta en la misma dirección: aunque el crecimiento del gasto neto computable podría encajar dentro del margen permitido en 2025 y 2026, la desviación se haría evidente a partir de 2027, obligando a adoptar decisiones fiscales más exigentes.

Fondos europeos y deuda: una ayuda que se diluye

Los ingresos procedentes de los fondos europeos Next Generation EU seguirán aportando alrededor del 1% del PIB en 2025 y 2026, según las estimaciones del Banco de España. No obstante, esta fuente de financiación irá reduciéndose progresivamente en los años siguientes.

Gracias al crecimiento nominal de la economía, la ratio de deuda pública sobre PIB continuará descendiendo, hasta situarse en torno al 98,3% en 2027. A pesar de esta mejora, el supervisor insiste en que la reducción de la deuda no elimina el problema del déficit estructural, especialmente cuando el gasto corriente aumenta de forma permanente.

El mensaje final del Banco de España es claro y contundente: el acuerdo salarial para los funcionarios responde a un contexto social y económico legítimo, marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, pero introduce una presión adicional sobre las cuentas públicas que no puede ignorarse. A partir de 2027, la política fiscal deberá adaptarse a esta nueva realidad si España quiere mantener la credibilidad presupuestaria y cumplir con el marco europeo.