El Sabadell dispara la artillería legal para esquivar la fianza de la CAM

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El banco que preside Josep Oliu presenta una petición de escrito aclaratorio del auto a la Audiencia y considera que no fue responsable de la mala gestión de la caja

Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell.

Barcelona, 07 de abril de 2016 (01:00 CET)

El Banco Sabadell ha reaccionado con celeridad a la petición de fianza de la Audiencia Nacional por el caso de la CAM. No es para menos, el tiempo apremia y la cantidad haría temblar las cuentas del banco que preside Josep Oliu. La jueza ha pedido una fianza de 1.592 millones de euros a ocho directivos de la caja y, si como es previsible, no los depositan este jueves, irá a por los responsables civiles subsidiarios, entre los que se encuentra el Sabadell.  

El banco catalán ha puesto en marcha su maquinaria legal para evitar el pago de la fianza y ganar tiempo. Después de estudiar el auto, este mismo miércoles por la tarde, el Sabadell ha presentado ante la Audiencia Nacional una petición de escrito aclaratorio del auto, según han explicado fuentes del banco. Esta petición tiene un doble objetivo: saber por qué se le considera responsable civil subsidiario y aclarar la cantidad de la fianza, que no entienden y ven desproporcionada.  

Perjudicados

Desde el Sabadell consideran que la entidad no debería ser considerada responsable civil subsidiaria, ya que no tenía ninguna responsabilidad en la administración supuestamente fraudulenta de la CAM. Al contrario, se ven como perjudicados en este asunto. Además, no entienden por qué se recurre al Sabadell ya que la pieza por la que ellos estaban en la causa, la de las cuotas participativas, se separó del caso.

El Sabadell compró la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2011. El Banco de España la adjudicó a la entidad presidida por Josep Oliu por un euro y le inyectó 5.249 millones de euros para tapar su agujero, además de comprometerse a cubrir el 80% de las pérdidas derivadas por sus activos tóxicos durante diez años.
 
Apertura del juicio oral

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha abierto este miércoles el juicio contra los ex directivos de la caja alicantina acusados de estafa continuada agravada y falsedad documental, entre otros delitos, y les ha impuesto la fianza de casi 1.600 millones de euros. Tienen 24 horas desde este miércoles por la mañana y, si no hacen frente a ella, la Audiencia podrá ir hacia el resto de responsables: Caser como responsable civil directo y la Fundación CAM como responsable civil subsidiaria, junto con el Sabadell.

De todos los actores en este acto, el único con capacidad financiera se adivina el Sabadell. Caser ha perdido más de la mitad de sus ingresos en cuatro años, aunque consiguió cerrar 2015 con un beneficio de 71 millones y una facturación de 1.477 millones de euros. Por lo tanto, ni con sus ingresos de todo un año podría pagar la fianza. La Fundación CAM es poco más que un muerto viviente desde que se desvinculó de la caja, y no tiene fondos para hacer frente al pago.

El Sabadell es el único que tiene músculo financiero pero la fianza lo podría poner contra las cuerdas. Los 1.600 millones son más del doble que sus beneficios de 2015, cuando ganó 708,5 millones de euros. La fianza se comería la mitad de su margen de intereses, que el año pasado fue de 3.200 millones.

Numerosos delitos

El ex presidente de la CAM, Modesto Crespo, y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, además de cinco ex directivos más, se enfrentan a un juicio por numerosos delitos: estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en 2010 y 2011. Además, algunos de los directivos se enfrentan a otros delitos.

El fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa contra Modesto Crespo, pero el Fondo de Garantía de Depósitos, formado por todos los bancos y que ejerce la acusación, le atribuye al ex presidente y a los dos ex directores generales los delitos de estafa a inversores y manipulaciones informativas. Por ello les pide nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros. La acusación particular pide 16 años de prisión para todos los acusados, además de una indemnización de 19,1 millones de euros a los demandantes.

Cuentas falseadas

La investigación se inició tras la intervención de la CAM en 2011, cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) plasmó en sus informes las irregularidades que habían cometido los gestores de la caja, tanto en su actividad crediticia como con la concesión de pensiones vitalicias a sus directivos.

El caso investiga si los ex directivos escondieron la situación real de la entidad para poder cobrar retribuciones por valor de 47,3 millones. Los resultados presentados por la caja en marzo de 2011 arrojaban unas ganancias de 39 millones, posteriormente desmentidas con pérdidas superiores a los mil millones.
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