Rosell propone que España ceda competencias a Europa para simplificar las leyes

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El peso del Estado y los impuestos relegan a España al puesto 32 de la lista de países con mayor libertad económica

Rosell, en la presentación de 'Libertad económica en el mundo 2013'

17 de julio de 2014 (14:11 CET)

La definición de orujo en España va por barrios. Hay comunidades que sólo conceden la denominación a licores con más de 35 grados; otras incluyen en la familia de productos bebidas por encima de los 15. La curiosidad sirve de ejemplo para describir cuál es el nivel de eficiencia que el Estado permite a la economía española.

Hay más: cada gobierno regional estipula unas medidas distintas y obliga a mostrar en diferentes lugares del local los carteles de prohibido fumar. Al año se generan más de un millón de páginas en el Boletín Oficial del Estado, en los diarios autonómicos y en las actas de los ayuntamientos con nuevas leyes y ordenanzas, que regulan ejemplos como estos.

Galimatías legal

“Es un marasmo inabarcable”, asegura el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell. Lo ha dicho en la presentación del estudio internacional más reputado sobre la libertad económica en el mundo –Milton Friedman, uno de los más grandes economistas del siglo XX, lo puso en marcha en los ochenta—.

España ocupa el puesto 32, por debajo de la media de los países de la OCDE y claramente alejada de sus socios internacionales más próximos, como los líderes de la Unión Europea.

El apogeo de la economía española en esta suerte de ranking se produjo en el 2000, con José María Aznar (PP) en Moncloa. Desde entonces, ha perdido peso según los autores James Gwartney, Robert Lawson y Joshua Hall. Los mayores lastres son el peso del Estado y la presión fiscal. Los empresarios sufren esta realidad a diario, según el líder de la CEOE.

Cambios constantes

“Cada año hay 60 cambios distintos que afectan al IRPF, en buena parte debido a las autonomías”. Pero Rosell sugiere modificaciones integrales, “que no se fijen en sólo una pata de la administración”. Un paso importante sería, según su juicio, “elevar a Europa la legislación y competencias” que afecten a aspectos supranacionales.

Las normas sobre medio ambiente serían un ejemplo. “Las empresas lograrían aligerar considerablemente sus costes administrativos”. La reordenación del actual “galimatías legal” requiere también que cada nueva ley se acompañe de una memoria económica “para saber si es o no efectiva y qué impacto real tendrá”.

Sistema autonómico

Rosell coincide con los autores del informe en que el problema de España no son las autonomías, sino la eficiencia del sistema. De hecho, los académicos concluyen que los países federales son los más claros con sus leyes y donde menos impuestos se pagan; siempre y cuando el endeudamiento público sea responsable y la transparencia con la ciudadanía prime.

“No se pueden subir los impuestos sin explicar en qué se gastará la recaudación”, defiende el representante del Cato Institute (coeditor del informe), Lorenzo Bernaldo. El diario El Economista patrocina el informe por séptimo año consecutivo.
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