Una red de comisionistas ilegales se lucra en toda España con hipotecas a insolventes

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LOS EFECTOS DE LA BURBUJA

Enrique Amaya, afectado por una treta hipotecaria.

25 de enero de 2012 (21:21 CET)

Buscan clientes en los barrios pobres de Madrid y Barcelona y hacen negocio con los colectivos más desfavorecidos. Una red de intermediarios inmobiliarios se expandió en la periferia de las principales ciudades gracias a las buenas relaciones que mantenían con algunas sucursales de bancos y cajas.

Llegaron a tramitar hipotecas desorbitadas para matrimonios de pensionistas y a encadenar avales entre desconocidos pero, cuatro años después de la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, el estallido de la burbuja hizo saltar por los aires su contraparte española y ahora los intermediarios enfrentan sus primeras demandas judiciales.

Una de las primeras querellas fue introducida por Enrique Amaya, un pensionista del barrio de Sant Roc (Badalona) que cobra menos de 500 euros y a quien la antigua Caja Madrid, por medio de un intermediario, le concedió 600.000 euros para comprar tres pisos. Un comisionista conocido en el barrio de Sant Roc, Antonio Losa, lo convenció para que firmara una hipoteca puente con la que tenía pensado repartirse la ganancia. Amaya explica que fue a pedir un préstamo personal de 30.000 euros y obtuvo el dinero con la condición de firmar las tres hipotecas.

A pesar de que Amaya y su esposa son pensionistas y que su hijo apenas cobraba 1.000 euros, ningún control de la sucursal de Caja Madrid (ahora Bankia) en el paseo de Borbó de la Barceloneta alertó de que el elevado préstamo desbordaba las posibilidades del hipotecado. Pese a los indicios de estafa, el tribunal absolvió a Caja Madrid y al intermediario por la vía penal y sugirió reconducir la denuncia por la vía civil. “Hemos recurrido porque hay indicios claros de estafa. Sin la intervención del comisionista y del banco, Amaya no sería capaz de concebir una operación de este tipo”; explica Joan Boix, abogado de la acusación.

La explosión inmobiliaria impidió la venta de los inmuebles y, por tanto, el reparto de comisiones entre las partes. La práctica, habitual en tiempos de bonanza, es casi residual.

Fraude colectivo en Madrid

El director de la sucursal, Antonio José García, reconoció al juez que pagó una comisión al intermediario por llevar al cliente (residente en Sant Roc) a su entidad bancaria, pero negó que la operación se tratara de una estafa, según consta en las declaraciones en poder de los abogados. “Era una operación habitual en esa época”, justificó la abogada del intermediario acusado en un escrito presentado al juez. Tanto el director de la sucursal como el intermediario continúan en sus puestos.

Otro intermediario con métodos similares ha revolucionado a otro colectivo: los ecuatorianos de Madrid. La asociación Conadee presentó una denuncia colectiva de 10 familias contra una gestoría Central Hipotecaria del Inmigrante. Su encargado, el empresario español Enrique Caño, principal imputado, tramitaba las hipotecas y encadenó una red de avales cruzados. Los inmigrantes que tenían aprobada la hipoteca, estaban obligados a avalar a otro cliente de Caño, aunque no lo conocieran.

La presidenta de la asociación que ha tramitado las denuncias, Aída Quintanoa, asegura que la trama no pudo haber prosperado sin la connivencia de tres entidades financieras: CAM, Caja Madrid y Caja España que aprobaron las hipotecas. La asociación estudia otras seis denuncias de afiliados de varias ciudades españolas contra otras redes inmobiliarias sospechosas de diferentes modalidades de estafa y cláusulas abusivas.
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