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Golpe judicial a Airbnb: tendrá que borrar casi 6.000 anuncios de pisos turísticos
El ministerio de Pablo Bustinduy inició en mayo una campaña para conseguir el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en la plataforma, entre ellas, los 9.600 pisos que detectaron en Galicia

Caja de seguridad de un piso turístico. Ricardo Rubio – Europa Press
Nuevo revés para Airbnb. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un nuevo auto en el que ha desestimado el recurso de reposición presentado por la compañía obligándola a retirar de la plataforma 5.800 anuncios. «Hace unas semanas este tribunal dictó un auto avalando las actuaciones del Ministerio y, por tanto, exigiendo a la plataforma que retirara esos anuncios ilegales. Airbnb presentó un recurso de reposición ante el mismo tribunal y hace apenas unos minutos he recibido la información de que han vuelto a perder», ha señalado este jueves el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Cruzada contra Airbnb
El ministerio inició en mayo una campaña para conseguir el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en la plataforma. Entre ellos, 9.600 de pisos que detectaron en Galicia, que figuran sin el correspondiente número de registro o licencia.
Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el TSJM en este segundo auto corresponden a viviendas turísticas que se encuentran en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el País Vasco.
Según consumo, estos pisos turísticos anunciados estarían incumplimiento tres supuestos: la ausencia del número de licencia o registro para operar como alojamiento turísticos, la inclusión de números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades y la falta de información naturaleza jurídica de los arrendadores
En su reacción al nuevo auto, el ministro ha calificado como «importante» esta noticia, ya que «supone la ratificación de que ninguna empresa puede estar por encima de la ley».
«En España hay un puñado de empresas, de fondos de inversión, de grandes plataformas que se están lucrando a costa de cercenar el derecho constitucional a la vivienda de millones de familias en nuestro país», ha destacado Bustinduy.