Casi 1.400 empresas gallegas, obligadas a implantar un buzón para denuncias de corrupción
El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno establece multas de 25.000 euros para aquellas empresas de más de 50 empleados que no implanten un buzón para canalizar las denuncias anónimas de casos de corrupción
Casi el 90% de los participantes en el Atlas Gallego de la Empresa Comprometida tiene código ético y la mayoría exige cumplirlo también a sus proveedores
Cuenta atrás para la implantación del buzón anticorrupción. El anteproyecto de ley con el que el Gobierno traspone la Directiva de la Unión Europea fija multas de hasta 50.000 euros para aquellas empresas que pongan trabas a las denuncias efectuadas por sus trabajadores.
El anteproyecto de ley, que surge tras la publicación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, conocida popularmente como Wistleblowers, busca proteger a los denunciantes de posibles casos de corrupción en todos los ámbitos.
Es por ello que el documento establece sanciones de 50.000 euros por impedir o dificultar el seguimiento de la denuncia, por no cumplir con el derecho de confidencialidad o por practicar algún tipo de represalia. Además, todas las empresas del sector privado que tengan entre 50 y 249 empleados deberán contar con un sistema interno destinado a canalizar estas denuncias anónimas. De lo contrario, estas deberán abonar una multa de 25.000 euros.
Casi 1.400 empresas gallegas afectadas
La medida impacta en casi 1.400 empresas gallegas, que se verán obligadas a implantar su propio sistema o a compartirlo con otras firmas. Y es que, según costa en los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), son 1.384 las empresas que superan este umbral de empleados.
La mayoría (809) cuentan con una horquilla de 50 a 99 trabajadores en nómina, mientras que otras 407 se mueven entre los 100 y los 249 empleados. Las 168 restantes, por su parte, son grandes empresas de más de 250 personas en plantilla.
El «alto nivel de percepción de corrupción»
«Será una herramienta para combatir cualquier quebranto económico contra la hacienda pública, así como otras infracciones que vulneran otros ámbitos, especialmente la protección del medio ambiente, la seguridad nuclear, la seguridad de los alimentos, protección de los consumidores, prevención del blanqueo de capitales, entre otros», aseguró la ministra de Justicia, en el Consejo de Ministros del pasado mes de marzo en el que se aprobó el anteproyecto de ley.
Según la ministra, en España existe «un alto nivel de percepción de corrupción y una alta preocupación social por ese fenómeno». A este factor se une el hecho de que España es, hasta ahora, uno de los países que menor protección ofrece a los denunciantes. Y es que un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) revelaba que funcionarios, empleados y periodistas que denuncien delitos, así como otras infracciones de interés público pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel en Alemania y siete en España.
