Despegue de los drones en Galicia: casi 300 empresas al margen del Polo de Rozas

La industria de los drones despega en Galicia. Cada vez son más las pequeñas empresas y autónomos que centran su actividad en torno a estos aviones no tripulados para aplicarlos a sectores tan dispares como el audiovisual, el agroforestal, la vigilancia aérea o el salvamento marítimo.

Así lo reflejan los datos aportados por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). De los 5.325 operadores de drones que contaban con licencia en España el pasado mes de diciembre, un total de 343 tienen su base de operaciones en Galicia. La consolidación del sector y la extensión de estas aeronaves no tripuladas hacia nuevos usos ha desembocado en un boom que se plasma en que la comunidad ha captado una media de un nuevo operador de dron cada cinco días en los últimos dos años.

Y es que al término del año 2018 eran 206 las empresas y autónomos que figuraban en este listado de AESA que ahora sigue en aumento gracias, fundamentalmente, a las nuevas iniciativas que se están desarrollando en las provincias de A Coruña (140) y Pontevedra (127), que superan así a Ourense (45) y Lugo (31).

El papel de Rozas

Precisamente la provincia lucense sigue sin despegar en cuanto a número de operadores de drones, pero se erige como el principal banco de pruebas del sector en toda Galicia. Allí se ubica el Polo Aeroespacial de Galicia (en Rozas), en torno al cual giran 50 de los 343 proyectos de este tipo con los que cuenta Galicia. Según fuentes de la Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, ejecutó un total de “59 proyectos de I+D y de infraestructuras en los que participaron más de 50 empresas y centros de conocimiento”.

Con Indra y Babcock como empresas tractoras y la reciente incorporación de Boeing, la iniciativa ha permitido movilizar un total de 164 millones de euros de inversión entre los años 2015 y 2020 y ha incubado los proyectos de 19 startups. El modelo estrella que se gesta en estas instalaciones es el Targus, el avión opcionalmente pilotado (OPV), que combina los beneficios de un dron con el de un avión. «Supone una gran ventaja operativa para los futuros usuarios, que podrán sobrevolar de forma tripulada zonas urbanas o aterrizar en aeropuertos sin restricciones y volar sin piloto al llegar a la zona de operaciones. Este doble uso refuerza notablemente el atractivo comercial y las capacidades del Targus», aseguran desde Indra.

Galicia busca, de esta manera, posicionarse en la pole position en un sector que, según el Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Civil de los Drones en España, moverá un volumen de negocio anual de “1.220 millones de euros” en el año 2035, para el que se espera que el conjunto del país cuente ya con una flota de 51.400 aeronaves no tripuladas.

Es por ello que el propio presidente del Consorcio Aeronáutico Gallego, Enrique Mallón, ha venido abogando precisamente por el impulso de los drones como uno de los “motores de recuperación” de un sector aeronáutico gallego que ve trastocados sus planes como consecuencia del coronavirus, del que no se prevé una recuperación de pedidos hasta, como mínimo, el año 2023.

Nueva normativa y fondos europeos

Fabricantes y operadores de drones han visto allanado el terreno el pasado mes de enero con una nueva normativa europea que aporta más claridad al sector. Esta marca nuevos requisitos de formación para los pilotos de estas aeronaves no tripuladas y obliga tanto a registrar el dron o contar con un sistema de identificación a distancia como a comprobar previamente en qué zonas y bajo qué condiciones puede volar un dron en una determinada zona geográfica.

El sector logra así una mayor seguridad jurídica que podría atraer nuevas iniciativas, todo ello con los fondos europeos Next Generation como telón de fondo. Y es que el vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, aseguró la semana pasada que Galicia presentará su candidatura para optar a ayudas europeas que den un nuevo impulso al Polo Aeroespacial de Galicia y permitan movilizar una inversión adicional de 500 millones de euros.