Besteiro avala el pacto con el BNG y pide empezar a negociar este año traspasos de competencias a Galicia

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta se pronuncia sobre el preacuerdo entre PSOE y BNG para la investidura de Pedro Sánchez. El también diputado socialista en el Congreso, el lucense José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado que se trata de un pacto «querido y compartido» para llevar a cabo el deseo socialista de «sumar desde España para Galicia».

En rueda de prensa tras la reunión de ejecutiva gallega socialista, Besteiro ha señalado que este preacuerdo, que confía que se plasme como definitivo, va «más allá de necesidades aritméticas», «implica mucho más» y «será una primera parte de la apuesta por Galicia».

El acuerdo incluye la ampliación de las bonificaciones de los peajes de la AP-9 para los viajeros frecuentes y recurrentes, extendidas también a la AP-53, la creación de juzgados de violencia de género, el impulso de un estudio y posterior puesta en marcha de un servicio de tren de cercanías esta legislatura y una aplicación análoga en la condonación de la deuda de Galicia.

«Este acuerdo va más allá de las necesidades numéricas»

Preguntado por el hecho de que se haya llegado a este acuerdo sin la necesidad de la aritmética y si es un guiño al contexto preelectoral en la comunidad gallega, Besteiro ha contestado que estamos «en el momento en que estamos». A su juicio, este acuerdo responde a las urnas del pasado 23 de julio, de una España «plural» y que, por lo tanto, da respuesta a recoger las demandas de todos los puntos del Estado.

«Este acuerdo va más allá de las necesidades numéricas; va más allá de ese diputado Néstor Rego (del BNG)», ha manifestado Besteiro, quien ha referido que este acuerdo tiene como objetivo respaldar el «autogobierno» de Galicia.

A este respecto, ha destacado que la intención es que se pueda activar ya este mismo 2023 la comisión bilateral Xunta-Estado para abordar traspasos a Galicia después de 14 años sin ninguna transferencia y, en este marco, abordar la gestión del litoral, un asunto sobre el que el ejecutivo de Alfonso Rueda decidió impulsar una ley propia que el Gobierno central ha llevado al Constitucional.