El Gobierno da luz verde a las ayudas para Galicia por la contaminación por pélets

El Consejo de Ministros aprueba las ayudas para las zonas afectadas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, como el caso de los microplásticos que llegaron a las costas gallegas o el incendio forestal de Trabada que arrasó más de 2.300 hectáreas

Voluntarios hacen una recogida de pellets de la arena, Galicia, a 7 de enero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). Grandes cantidades de pellets de plásticos llevan apareciendo, desde el 13 de diciembre en las Rías Baixas y en la ría de Muros de Noia

Voluntarios hacen una recogida de pellets de la arena, Galicia, a 7 de enero de 2024, en A Coruña, Galicia (España). Grandes cantidades de pellets de plásticos llevan apareciendo, desde el 13 de diciembre en las Rías Baixas y en la ría de Muros de Noia – Elena Fernández – Europa Press

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El Ejecutivo central ha aprobado este martes las ayudas para los afectados por el vertido de pélets que afectó a las costas gallegas, asturianas y cántabras en los primeros días de enero de 2024, y para los afectados por el incendio forestal de Trabada (Lugo) en el que quedaron calcinadas más de 2.300 hectáreas. 

Esta batería de ayudas están incluidas en la aprobación, a propuesta del Ministerio del Interior, de las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC) al que ha dado luz verde este martes el Consejo de Ministros.

En concreto, se trata de emergencias que afectan a episodios catastróficos, que provocaron daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como daños en masas forestales, cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas de tal magnitud que justifican la aprobación de ayudas estatales basadas en el principio de solidaridad interterritorial y con carácter subsidiario y complementario a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales.

Otros casos incluidos

Entre los episodios incluidos en el acuerdo del Consejo de Ministros está el incendio ocurrido el pasado 22 de febrero en un complejo residencial de 138 viviendas del barrio de Campanar de València, que dejó un balance provisional de 10 fallecidos y 15 heridos, con el inmueble completamente arrasado.

Además, el acuerdo incluye otros 57 episodios catastróficos de distinta naturaleza comunicados al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias desde el pasado 25 de septiembre de 2023.

Entre ellos destacan las inundaciones de enero de 2024 que afectaron a la Castilla y León, los 46 incendios forestales contabilizados en esa comunidad autónoma y en las de Galicia, Andalucía, Asturias, Illes Balears y Comunidad Valenciana.

De manera excepcional, se ha incluido también las inundaciones sufridas en La Rioja el 21 de junio de 2023 para subsanar un error administrativo que impidió su declaración como zona afectada por una emergencia de protección civil con anterioridad.

Otras riadas recogidas son las registradas en Soria a principios de noviembre de 2023, cuando la borrasca ‘Ciarán’ dejó importantes precipitaciones y daños provocados por fuertes rachas de viento, o las que a mediados de enero de 2024 la borrasca ‘Juan’ provocó en amplias zonas de la vertiente atlántica que se acumularon a las precipitaciones registradas apenas dos días antes debido al paso de la borrasca ‘Irene’, con especial incidencia en Castilla y León, donde hubo importantes impactos en las comunicaciones, sobre todo por carretera, y desbordamiento de ríos.

También se han incluido 46 incendios forestales ocurridos en la Comunitat Valenciana (40), en Castilla y León (2), en Galicia (1), en Andalucía (1), en Asturias (1) y en Illes Balears. Por su magnitud, destacan los incendios de Arcos de Jalón (Soria), Trabada (Lugo) y Montitxelvo (Valencia/Alicante).

La declaración de ZAEPC ha tenido en cuenta también dos sucesos en los que se produjo la activación de una situación operativa por riesgo químico. El primero se produjo por un incendio en una empresa de productos químicos en el municipio valenciano de Potríes, que obligó a evacuar y confinar varios edificios cercanos por prevención, así como al corte una carretera en varios tramos. El segundo se debió al incendio originado en una planta de residuos industriales en As Somozas (A Coruña).

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