La Xunta abre fuego contra el Gobierno por crear una "alarma infundada" sobre las viviendas turísticas

Nuevo cisma entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central. Esta vez a cuenta de las viviendas de uso turístico. A través de una carta dirigida al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha acusado al Ejecutivo central de generar una «alarma infundada» sobre supuestas ilegalidades en estas viviendas.

Además de censurar la «falta de voluntad real» de colaboración institucional por parte del Gobierno, Merelles ha censurado la «falta de rigor jurídico e inoperatividad» del listado de Excel que envió el Gobierno de España hace unas semanas con datos en bruto y «directamente extraídos de una única plataforma de reservas de alojamiento y directamente extraídos de una única plataforma de reservas de alojamiento sin aplicar una depuración o selección».

En la carta destaca que la «falta de criterio» en la criba hace que aparezcan no solo viviendas de uso turístico, sino distintas tipologías de alojamientos calificadas y registradas correctamente en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT/RITGA). Señala también que se trata de un documento con «numerosas dificultades de identificación de las viviendas y distintos errores e imprecisiones que hacen que el documento no sirva para el trabajo diario de la inspección turística gallega».

Es por ello que el director de Turismo de Galicia lamenta la «alarma social infundada» creada por el Gobierno sobre las viviendas de uso turístico y apela a la responsabilidad. Recuerda además que la Xunta, con competencias exclusivas en materia de turismo, «ya vigila y actúa siempre ante las ilegalidades» a través del cuerpo de inspección turística, específicamente sobre las viviendas de uso turístico desde 2017 en que se aprobó el decreto autonómico.

Explica que trabajan en el marco del Plan de Inspección Anual de la Xunta y que actúan «siempre» que detecta una ilegalidad o irregularidad debidamente acreditada y, de ser el caso, inician el expediente sancionador que podría derivar en una sanción tipificada en la Ley de Turismo. «No escatimamos esfuerzos en la supervisión e inspección», recalca, al tiempo que recuerda que solo el año pasado se realizaron 4.000 actuaciones, siempre preservando «la seguridad y calidad en el ámbito turístico».