Temor al pinchazo de móviles por parte del CNI
Entre el mundo político y empresarial barcelonés cunde una cierta excitación con la seguridad de las conversaciones que se producen a través de teléfonos móviles. Las grandes corporaciones, los partidos políticos, determinadas instituciones han comenzado a interesarse por la adquisición de programas de encriptación que garanticen la absoluta discrección de determinadas llamadas telefónicas.
La aparición de diferentes sumarios judiciales vinculados a casos de corrupción han extendido la alarma sobre la fragilidad de esas comunicaciones y la vulnerabilidad de los dispositivos. De hecho, una compañía española está comercializando de manera creciente un software que garantiza la confidencialidad más absoluta. El principal reparo es que por la legislación española, la instalación de esas garantías de seguridad debe ser autorizada previamente por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
De momento, ese organismo sólo autoriza licencias para grandes empresas, instituciones públicas y partidos políticos, lo que hace difícil la extensión del producto a otros usuarios no encuadrados en esos segmentos.
Además, la desconfianza sobre las eventuales escuchas que el CNI pudiera llevar a cabo constituyen un elemento disuasorio adicional. De hecho, varias fuentes políticas y empresariales subrayan que el organismo tendría un alto número de pinchazos teléfonicos en marcha amparándose en criterios de seguridad nacional, un hecho que parece más propio de la psicosis que se ha extendido que de hechos objetivos.
Cada vez son más los empresarios y políticos que protegen sus teléfonos móviles incluso en encuentros en restaurantes y otros sitios públicos para evitar que pueda ser utilizado el micrófono del smartphone como una forma de recabar información a distancia.
