Una resolución de la CNMC está a punto de provocar una ruptura en el sector lácteo español una década después

Foto: Eiliv-Sonas Aceron

La sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las principales industrias lácteas por presuntos intercambios de información sobre los precios de la leche que se pagaban a los ganaderos entre los años 2000 y 2013, se materializa ahora en un escenario nuevo para el sector lácteo que nada tiene que ver con el periodo juzgado y que puede provocar un desmoronamiento de todo el negocio lácteo, según estimaciones de expertos conocedores del sector consultados. 

La resolución de la CNMC impone una multa de 80,6 millones de euros a diez empresas líderes del mercado y únicamente en el caso que la Audiencia Nacional confirmase dicha resolución, permitiría a los ganaderos afectados reclamar hasta un 10% de los facturado entre 2000 y 2013 por el presunto perjuicio causado debido a los intercambios de información de la industria. 

Miles de ganaderos han formalizado ya sus peticiones de indemnización ante la perspectiva de obtener hasta 1.200 millones de euros en reclamaciones, aunque la cifra final a percibir por cada ganadero dependería única y exclusivamente cada juez y solo en el caso que la Audiencia Nacional, ante la que está recurrida la sanción, confirmase la resolución de la CNMC. 

Fuentes del sector, tanto de las empresas como de las organizaciones de ganaderos, señalan que este conflicto se produce en un momento en el que la relación entre las empresas lácteas y los ganadores es completamente diferente a la de hace casi una década y que entrar en un proceso judicial de reclamaciones millonarias, con bufetes de abogados que cobran por objetivos, va a destrozar todos los esfuerzos realizados hasta ahora para construir y mantener un marco de relaciones estables y duraderas entre los ganaderos y la industria.

El sector lácteo en su conjunto puede quedar muy alterado y con su viabilidad comprometida si se agudiza la tensión entre industria y ganaderos, aseguran las fuentes consultadas.

El panorama del negocio lácteo actual es muy diferente del que había en 2013, cuando concluye el periodo investigado por la CNMC. De un sector no regulado se ha pasado a otro con normas y compromisos. Un cambio destacado es la existencia de contratos tipo oficiales para la compra de leche, normalmente de un año de duración, y con un sistema de inspección en manos de las comunidades autónomas que vigila su cumplimiento. 

La normativa general sobre regulación de la cadena alimentaria impide actuaciones relacionadas con pactos sobre precios para alterar la normal competencia del mercado. Empresas lácteas y ganaderos han establecido relaciones de colaboración mutua para generar un marco estable y duradero de negocio.

Hay acuerdos entre ambas partes para mejorar la calidad de la leche; acuerdos para mejora de las razas lecheras; programas para impulsar la innovación en las granjas; planes para garantizar el relevo generacional en las familias de ganaderos y estrategias para garantizar la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas. 

Todo este escenario puede saltar por los aires si se entra en un escenario de relaciones judicializadas entre la industria láctea y los ganaderos, rompiéndose el diálogo y retrocediendo en todo lo logrado hasta ahora, señalan esas fuentes del sector. Insisten en que una buena parte de los recursos que la industria dedica al fomento ganadero en conjunto puede desparecer si hay que dedicarlos a solventar procesos judiciales.

Las empresas afectadas son Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone España, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (antes Puleva Food), Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña.