Un cubo de agua en un incendio: la apuesta del Gobierno por la vivienda asequible 

Casa 47, la nueva empresa pública del Ministerio de Vivienda, ha aprobado una convocatoria para adquirir inmuebles en el mercado libre con un presupuesto de 100 millones de euros. La ministra Isabel Rodríguez lo presentó como un paso histórico hacia los estándares europeos. Lo que no dijo es que esos 100 millones representan lo que el Estado desembolsa en pensiones contributivas en menos de cuatro horas. Para ser exactos: tres horas y cuarenta y cinco minutos. Un gesto que no mueve un solo ladrillo nuevo.  

Según el Portal Estadístico del Notariado, el precio medio de una vivienda transaccionada en España durante 2025 fue de unos 198.600 euros. Antes de descontar impuestos, honorarios y obras de adecuación, el presupuesto alcanzaría para algo menos de 500 unidades. El Ministerio habla, con más cautela, de «cientos». Un número plausible ronda las 450 viviendas. De segunda mano. Sin que se construya una sola de nueva planta. 

Según datos del Banco de España, acumulamos un déficit estructural superior a 700.000 viviendas. En 2025 se generaron unas 150.000 unidades menos de las necesarias. Los visados de obra nueva apenas alcanzaron las 128.000, cuando la demanda exige cerca de 300.000 anuales. Y menos del 0,4% del suelo español está urbanizado y listo para edificar. La brecha no se está cerrando; se está ensanchando. 

El matiz que el Ministerio prefiere no subrayar es conceptual pero decisivo: comprar vivienda existente no aumenta el parque total. Si España tiene 700.000 viviendas de menos y el Estado compra 450 que ya existían, al día siguiente España sigue teniendo 700.000 viviendas de menos. La transferencia de propiedad puede tener efectos redistributivos a pequeña escala, pero no resuelve la escasez. Los países europeos que el Gobierno invoca como modelo construyeron sus parques sociales durante décadas, con producción continua de nuevas unidades, no comprando pisos de segunda mano en el mercado abierto. 

La raíz del problema es política. Durante años, el debate público ha girado en torno a la regulación de precios y la demonización de grandes tenedores –estrategias útiles electoralmente, pero que no añaden ni un metro cuadrado al mercado–. Ninguno de estos tres ingredientes ha mejorado de forma estructural en la última legislatura. Los precios de la vivienda crecieron un 12,7% en 2025, el mayor incremento desde la burbuja, mientras los jóvenes siguen emancipándose cada vez más tarde. 

Resolver esto no requiere tres horas y cuarenta y cinco minutos de gasto en pensiones. Requiere años de política consistente orientada a aumentar la oferta: liberar y movilizar suelo, agilizar licencias y reducir la carga fiscal sobre la vivienda. Es una agenda más difícil de defender en campaña electoral que comprar cuatrocientos cincuenta pisos. Pero es la única que funciona.