Alfredo Sáenz: indulto perverso en el ‘caso Banesto’

Alfredo Sáenz Abad, máximo ejecutivo del todopoderoso Banco Santander, está a un paso de poner fin a una pesadilla que le viene persiguiendo desde hace casi 20 años. Me refiero al llamado caso Banesto, por el que el Tribunal Supremo le propinó en su día tres meses de cárcel por denuncia falsa.

Las normas españolas establecen que los dirigentes de entidades de crédito convictos de delitos han de dejar el cargo. Por tanto, el varapalo obligaba al banquero a dimitir de inmediato. Pero un oportunísimo indulto del Gobierno Zapatero le permitió esquivar la sentencia.

Luego, el mismo tribunal anuló en parte el perdón del preboste socialista y Sáenz volvió a estar en apuros. Ahora, el mismísimo Rajoy ha acudido en su auxilio mediante una reforma legal que pretende salvarle el pellejo.

En efecto, el pasado 12 de abril, el Consejo de Ministros aprobó a toda prisa un real decreto que cambia el marco regulatorio, lo suaviza en los aspectos perjudiciales para Saénz y confía el veredicto al Banco de España.

Éste podrá apreciar discrecionalmente la hoja de servicios profesional del interfecto y otros pormenores que le resulten propicios. Nadie pone en duda que el sumiso supervisor, pilotado por Luis Linde, desbrozará el camino para que el jerifalte siga empuñando las riendas del Banco Santander.

El caso Banesto se remonta a 1994, cuando esa veterana entidad, a la sazón dirigida por Alfredo Sáenz, interpuso en Barcelona una querella contra los empresarios Pedro Olabarría y los hermanos Romero. El banco les reclamaba la devolución de un crédito de 600 millones de pesetas que realmente no debían.

Era lo que en el argot judicial se denomina “querella catalana”, esto es, el uso de la vía penal para que los encartados se allanen a aflojar la pasta. Del trabajo sucio de confeccionarla y cursarla se ocupó el abogado Rafael Jiménez de Parga, cuyo hermano Manuel sería encumbrado más tarde a la presidencia del Tribunal Constitucional. De su paso por ese desprestigiado e infecto organismo queda para la posteridad el sobrenombre de “el pastelero” que los medios madrileños le endosaron por su afición a hornear las sentencias en función de las omnipotentes aldabas manejadas por algunos justiciables.

Batalla sin cuartel

Don Rafael se las arregló para que la querella fuera a parar al juzgado de Luis Pascual Estevill, quien en horas veinticuatro la admitió a trámite y decretó la prisión preventiva de los industriales barceloneses. Algún tiempo después, el presidente de la Generalitat Jordi Pujol catapultó al nefasto Pascual Estevill nada menos que al Consejo General del Poder Judicial en representación de la “cuota catalana”.

El sumario del caso Banesto contra los empresarios terminó archivado por los tribunales. Olabarría, de mente privilegiada y copiosa fortuna, en alianza con los también acaudalados hermanos Romero, libró entonces una campaña sin cuartel para resarcirse de las vejaciones sufridas y llevar al banquillo a sus perseguidores.

De entrada, el juez fue encarcelado y expulsado de la carrera. Después, la descomunal batalla contra los capitostes bancarios transitó perezosamente por todas las instancias judiciales imaginables. Por fin, el Supremo dictó sentencia en 2011, por la que declaró a Alfredo Sáenz culpable de acusación falsa y estafa procesal y le recetaba tres meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer de banquero.

El fallo era firme pero ni el caballero presentó la renuncia ni nadie le forzó a hacerlo, sino todo lo contrario. Zapatero, que estaba en funciones tras la victoria del PP, otorgó el indulto al magnate. Que un socialista de postín como ZP hallara tiempo en los estertores de su mandato para auxiliar a Sáenz evidencia su servilismo a los señores de las altas finanzas. El afán de ZP por echarle un capote llegó al extremo de adornar el indulto con unas atípicas cláusulas que invalidaban los efectos administrativos acarreados por la pena, en particular los “antecedentes penales”.

Poderoso caballero…

Como no podía por menos de ocurrir, el caso Banesto y sus enjuagues volvieron al Supremo. Su fallo, emitido en febrero del presente año, dictamina que la clemencia de ZP se extralimitó manifiestamente en sus facultades y declara nula la cláusula canceladora de los dichosos “antecedentes”.

Así llegamos al pasado 12 de abril, cuando nada menos que todo un Consejo de Ministros torna a reunirse, esta vez bajo el mando de Mariano Rajoy, para aprobar un real decreto que flexibiliza los requisitos de honorabilidad imprescindibles para ocupar altos cargos en banca.

El decreto, elaborado a la medida de Alfredo Sáenz, deja al criterio del Banco de España determinar si el individuo puede seguir al frente del primer banco español. Ahora la patata caliente está en el tejado del gobernador Luis Linde. Es creencia común que no vacilará en extender la alfombra roja a los pies del cabecilla bancario, a mayor honra y gloria del gran capo de la cosa, o sea, Emilio Botín.

De todo lo dicho se colige que en España hay dos tipos de Justicia: la que machaca al común de los mortales y la que se aplica a los oligarcas de este putrefacto sistema. Si tienes padrinos, te bautizan, como decimos en Catalunya.
En la larga peripecia que arrancó en 1994, Alfredo Sáenz ha contado con el apoyo masivo de las instituciones públicas, desde los Gobiernos del PSOE y del PP, hasta el Banco de España, la Fiscalía General y la Abogacía del Estado.

Además de ese ejército de influyentes padrinos, se ha valido de un argumento irresistible: él empuña la manguera de los créditos que riega generosamente las arcas de los partidos políticos por las vías más insospechadas. Ésta y no otra es la potísima razón que ha empujado a las dos grandes formaciones del país a mover cielo y tierra para rescatar al protagonista del caso Banesto, en otra impúdica manifestación de sumisión y pleitesía al poder fáctico del dinero. No en vano, desde los tiempos de Atapuerca, los sátrapas de la banca hacen y deshacen a su antojo, tanto si luce el sol como si caen chuzos de punta. Así nos va.