Bruselas les saca los colores

Incluso diría que algo más que los colores. Me estoy refiriendo a una parte de nuestra clase política y a la reciente sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia Europeo en contra de la normativa española que impide a los jueces suspender de manera cautelar los desahucios.

El veredicto considera que la ley española priva al consumidor de la posibilidad de defenderse de manera efectiva antes de la expulsión de su vivienda. Y mi primera reflexión es la constatación de la inutilidad, ineficacia e ineficiencia de los políticos responsables del ramo en todos los partidos, que no han sabido ni agilizar ni enfrentarse al problema de modificar la Ley Hipotecaria, teniendo que ser Bruselas la que ponga orden en nuestra casa ante su ineptitud .

«La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión». Éste es el párrafo de la sentencia europea que deja a nuestros ‘representantes políticos’ a los pies de los ciudadanos.

Pero aquí no acaba el tema, ya que otra sentencia, esta vez del Tribunal Supremo, deja a ‘nuestra banca’ a la altura de la usura proclamando la nulidad de las cláusulas suelo en aquellos casos en que se produzca una «falta de transparencia». En definitiva, menos mal que aún nos queda la judicatura para que nos defienda de los abusos de poder y del mal hacer al que nos someten unos cuantos impresentables, pero que están generando un daño brutal a nuestra sociedad.

Dicho esto, la buena noticia de la sentencia del tribunal europeo es que ahora los jueces tendrán capacidad para apreciar y declarar de oficio la nulidad de una cláusula contractual, como las cláusulas suelo contenidas en el contrato hipotecario, cuando sea contraria a la ley.

Pero esa es la única positividad en una marea de despropósitos ya que la Sareb, ese organismo compuesto en buena parte por dinero público, pagará nada más y nada menos que 112 millones de euros anuales a las nueve entidades que han traspasado sus activos problemáticos, para la gestión de estos activos.

Y para rizar el rizo de lo impresentable, las va comisionar con dinero público por las propiedades que vendan y con honorarios totalmente desproporcionados dentro del contexto actual, mientras que las exigencias de estas mismas entidades financieras provocan que un gran número de gente joven no pueda acceder al mercado hipotecario. Dinero público para rescatarlas, dinero público para sanearlas, dinero público para seguir costeando sus despropósitos; pero ¿dónde está el Banco de España?

Mi última reflexión es que así no se puede seguir. Por eso, la regeneración de los políticos actuales debe ser absoluta y en corto plazo de tiempo, en lo que será el único bálsamo que alivie la crispación actual y evite estallidos sociales que nadie desea