Burbuja normativa: España cuenta con más de 100.000 normas vigentes
En un momento en que el recurso a la ley es algo habitual en la dialéctica del presidente de Gobierno como consecuencia del proceso segregacionista catalán, un grupo de cinco juristas –cuatro notarios y una abogado del Estado– reunidos en torno al movimiento “¿Hay derecho?”, se han despachado a gusto en un libro de muy reciente aparición. En la obra ponen en tela de juicio el actual ordenamiento jurídico español al que acusan de estar gordo como consecuencia de que en la actualidad existen en nuestro país más de 100.000 normas vigentes, lo que “completa un tapiz jurídico grueso, extensísimo, racionalmente inabarcable… y por ello imperfecto y potencialmente peligroso para la economía, la sociedad y el indefenso ciudadano”.
La aparición de este muy recomendable ensayo que lleva como subtítulo La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España, coincide en el tiempo con el hecho de que el presidente del Gobierno invoque, más que nunca, a la ley como única solución al problema generado en Cataluña («Primero la ley y luego lo demás»). Este principio lleva a los autores a decir que “el desajuste –-entre realidad y derecho– es tan evidente que las invocaciones de nuestros políticos a la estabilidad y a la normalidad han traspasado los límites de la hipocresía y se acercan peligrosamente a la del cinismo”.
Esta situación ha generado un creciente sentimiento de desafección de la ciudadanía que hoy amenaza muy seriamente a la democracia española, lo que permite que algunos “pretendan aprovecharse de la situación de derribo institucional en su propio beneficio para hacerse una acogedora casa con los materiales de todos”.
Tras poner de relieve que en muchas ocasiones se legisla simplemente “para la foto”, los autores enfatizan que “en esta carrera por regularlo todo, la calidad normativa y técnica de estas normas deja bastante que desear». Muchas no son más que puro humo, dado que su función primordial no es atender a una necesidad real de la sociedad y procurar resolverla, sino hacerse la foto y hablar de ella en los medios. Es lo que se llama derecho hueco, derecho inútil o leyes placebo, normas que tienen forma de tales pero que no lo son. En realidad, están vacías de sentido, son textos absolutamente prescindibles”.
Tras señalar que en España tenemos diecisiete de todo, entre ellos diecisiete centros de producción legislativa, además del Parlamento nacional, que se entretienen promulgando continuamente normas sobre todo tipo de cuestiones de manera descoordinada y asincrónica, los autores ponen de relieve que el exceso legislativo autonómico tiene consecuencias muy graves tanto en forma de costes de incertidumbre y riesgo para los operadores económicos como en términos de justicia, igualdad ante la ley y libertad individual para los ciudadanos.
“El primer tipo de costes es mesurable, pues ya hay estudios que indican que a mayor regulación, menor iniciativa privada y menor competitividad: por cada 100% que crecen las disposiciones locales, caen un 80% las solicitudes de patentes en la región y un 3,5% la productividad total». El segundo tipo también puede medirse, aunque quizá de forma menos precisa, sin por ello dejar de ser más contundente. Como decía el adagio atribuido a Tácito, “cuantas más leyes tiene un Estado, más corrupto es”.
