Colau propone un gueto para los castellanohablantes

Tras la aprobación de la sentencia sobre el mínimo del castellano en la educación en Cataluña, un incendio de fariseos golpeándose el pecho ha recorrido la Cataluña oficial de norte a sur

El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el uso, mínimo, del castellano en la educación en Cataluña y un incendio de fariseos golpeándose el pecho ha recorrido la Cataluña oficial de norte a sur.

Ada Colau, siempre a punto de echar un capote a sus admirados independentistas ha dicho que si alguien quiere estudiar en español en Barcelona lo que debe hacer es pagarse una escuela privada. No se puede esperar otra cosa de alguien que días antes había rechazado erigir una estatua a Don Quijote en la Barceloneta. Nunca la gauche divine barcelonesa había caído tan bajo ni la gente procedente de cualquier otro lugar de España, América latina o meramente aspirante a elegir como educar a sus hijos había estado tan desamparada.

Que nadie se llame a engaño, el tema de la lengua y el uso de catalán no es una cuestión enrevesada de ámbito jurídico sobre si la sentencia tiene que ver con la ley Wert o la ley Ceelá, es algo de mucho más calado y tiene que ver con que el independentismo, con la complicidad del PSC, pretende aniquilar la presencia del español de Cataluña. ¿Por qué?

Porque los independentistas pretenden, como siempre explican indisimuladamente, crear un sol poble (un solo pueblo) donde la lengua única sea el catalán. Es un proyecto de ingeniería social de corte totalitario que lleva en construcción décadas.

El independentismo cree que el español es una lengua extranjera en Cataluña y por eso pone buzones de denuncia anónimos en las universidades para señalar a docentes que osen enseñar en español. Aragonés, Junqueras, Puigdemont, Borras y todos los suyos siempre peleados, coinciden en considerar que el uso español es una muestra de desintegración social y desasimilación cultural y por eso financia a asociaciones que espían a niños por si en el recreo osan hablar en español y así poder corregirlos adecuadamente para se convierten en buenos, obedientes y asimilados catalanes.

El independentismo gobernante, y sus socios socialistas, trabajan desde 1980 en implantar el monolingüismo y ya lo han logrado en los medios de comunicación públicos, en la administración, en la sanidad, en la educación y en las calles de la mayoría de territorio catalana. Han fracaso en las calles de Barcelona porque Barcelona, aún, no es Berlín Este aunque los Comunes tengan gran admiración y nostalgia de los tiempos de Honecker en la RDA.

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La líder de los comunes y alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau. EFE/ Toni Albir

El tema del catalán no es nuevo, el independentismo controla los sindicatos de enseñantes, no solo de la enseñanza pública, sino de la concertada, donde la colaboración de la iglesia católica en Cataluña y de las organizaciones propietarias de los centros ha hecho de estos centros lugares más homogéneos, hipernacionalizados y menos plurales que la escuela pública, porque ya se sabe que en Cataluña el independentismo es una característica ideológica que crece cuanto más crece la renta disponible.

Controlados los enseñantes, que reciben la nómina de la Generaltiat que les anima a desobedecer, controlados los centros y su titularidad, controlados los impresores de libros que si no escriben lo que les mandan no tienen clientes y sometido un gobierno central que depende del independentismo no hay nada que hacer ni forma humana de que la sentencia se aplique.

El Independentismo se orina en la justicia y el gobierno de Pedro Sánchez, que se ha llenado la boca de afirmar que la judicatura tiene tics franquistas, sonríe por lo bajini, mientras los padres, aunque quieran que sus hijos usen un español más decente del sonrojante y precario español que manejan los políticos catalanes cuando hablan en medios de comunicación nacionales callan también porque lo principal es el bienestar de sus hijos y nadie, en su sano juicio, quiere que señalen a su hijo en el colegio y sino que les pregunten a los hijos de los guardia civiles escolarizados en Sant Andreu de la Barca y el acoso que tuvieron que vivir tras el 1 de octubre.

Joan López Alegre