La iniciativa privada construye cuatro de cada cinco pisos sociales en Cataluña

La Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya (APCE) junto a la cátedra Tecnocasa – UPF de análisis del mercado de la vivienda han realizado un informe titulado: “Vivienda: recaudación vs. Gasto público. El gasto público en vivienda en relación con la recaudación por el hecho imponible de la vivienda”. El gesto de APCE es valiente porque el estudio, quizás sin quererlo, desmonta paso a paso todas las ideas preconcebidas que la sociedad ha asumido como ciertas con relación a quién es el responsable de la falta de vivienda en España en general y en Cataluña en particular.

Ada Colau llegó a la alcaldía de Barcelona en 2015 impulsada por una plataforma antidesahucios y desde el poder acuso a las empresas y su codicia del encarecimiento de la vivienda. Ahora el estudio demuestra que esa criminalización del sector privado es injusta y que es la regulación excesiva, la gestión incompetente y la planificación equivocada la principal responsable de que la falta de vivienda ahogue a la sociedad, especialmente a los jóvenes.

Gracias a APCE sabemos que en 2023 las administraciones públicas catalanas recaudaron casi 5.000 millones de euros a través de 14 tributos que van desde el IBI a tasas urbanísticas, pero que solo el 25% de estos ingresos los destinaron a políticas públicas de vivienda. En resumen, si tenemos en cuenta que en Cataluña hay más de 3,9 millones de inmuebles, cada uno de ellos pago de media, 1.250 euros en impuestos sobre dicho inmueble, pero solo 312 de dichos euros se dedicaron a políticas de promoción de vivienda.

Es más, si se excluye el dinero procedente de fondos europeos para aliviar la falta de vivienda en Cataluña, el porcentaje de dinero público dedicado a promoción de vivienda procedente de tributos no llega al 16%, menos de 1 de cada 6 euros pagados, alrededor de 200 de esos 1.250 euros pagados por cada inmueble, el resto va a gasto corriente o … a pagar mordidas.

Los más de 900 ayuntamientos catalanes ingresaron 2.300 millones de euros en tributos sobre la propiedad y la Generalitat cerca de 2.100, siendo los ayuntamientos con un 22,2% frente al 13,3% de la Generalitat las administraciones con mayor inversión en política de vivienda. Solo la ciudad de Barcelona ingreso 1.900 millones y menos del 30% se dedicó a políticas de vivienda. La cantidad parece modesta y lo es, pero dobla el porcentaje de otros ayuntamientos como Sant Cugat o Sitges donde el gasto en vivienda no llega al 15% sobre el total de lo recaudado.

El estudio refleja que el resultado de esta falta de inversión y el desvío de los ingresos tributarios sobre los inmuebles a gasto corriente ha tenido como resultado que el parque de viviendas de alquiler social en Cataluña sea del 1,13% frente al 7,75% de media de la OCDE y muy alejado de otros Estados miembros de la UE como los Países Bajos donde alcanza el 37,7%, Austria donde el 23,6% de las viviendas son de índole social o Dinamarca donde el 21,2% de los inmuebles son de promoción pública.

Lo más chocante es que, aunque el problema de falta de vivienda, de compra o alquiler, es acuciante y los responsables políticos hablan de ello constante, la promoción de viviendas protegidas en Cataluña no para de caer, pasando de 85.000 en 1997 a 5.000 en 2017.

La promoción de viviendas protegidas en Cataluña no para de caer

El dato más sorprendente, y que pone de manifiesto hasta qué punto se ha imputado una responsabilidad al sector privado que no solo no tiene, sino que es, al contrario, es que entre 2014 y 2020 cuatro de cada cinco peticiones de licencia para vivienda protegida son de promotores privados y solo el 20% de la vivienda protegida en Cataluña fue impulsada por la administración pública.

APCE solicita en su informe cosas de sentido común como que se garantice que el 75% de lo que se paga en tributos sobre los inmuebles revierta en política de vivienda y afirma que si esto se llevara a cabo ¡En diez años se terminaría con el problema de falta de vivienda en Cataluña! En consecuencia, es preciso una reforma urgente de la ley de haciendas locales.

Además, la asociación denuncia que los costes de la concesión de licencias no guardan relación alguna con el servicio que se presta por parte de las administraciones que lo conceden.

A pesar de las promesas de Illa de construir 50.000 viviendas antes de 2030, los visados para la construcción de pisos en la provincia de Barcelona han caído durante el primer semestre del año, según el Colegio de Arquitectos, un 34,1%. Si bien los ayuntamientos han identificado, a petición de Generalitat, 600 solares donde podrían llegar a construirse 22.000 viviendas, la realidad es que en el primer semestre en Barcelona solo se han construido 834 viviendas. A este ritmo, llegar a las 50.000 llevará décadas y el acuciante problema de falta de vivienda no parará de crecer.

La regulación y declaración de zonas tensionadas ha tenido como resultado, según informa el Observatorio del alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, que la oferta de vivienda haya bajado en dos años de 132.259 a 88.292. Dicho de otra forma, a pesar del esfuerzo de la empresa privada, la acción equivocada e intervencionista de las administraciones públicas ha reducido la oferta en un 36,26%, hasta el extremo que una oferta de alquiler en Barcelona recibe cerca de 500 solicitudes.