El agua de Barcelona, un escándalo indignante
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a comenzar en breve las deliberaciones sobre un litigio que promete traer cola. Me refiero a la privatización de Aigües Ter-Llobregat, conocida comúnmente como ATLL.
Dentro de pocos días puede recaer sentencia sobre este pleito, que ya dura dos años y medio. De momento, semejante gatuperio arroja dos consecuencias nefastas. Una, que ha colocado a la Generalitat en un callejón sin salida. Y otra, que la factura del agua del grifo ha sufrido un encarecimiento brutal.
La empresa de marras está encargada de gestionar las plantas potabilizadoras de los ríos Ter y Llobregat, así como la desaladora de El Prat de Llobregat. Ello significa que tiene a su cargo el saneamiento y distribución en alta del agua que consumen casi 5 millones de residentes en 140 municipios, ubicados fundamentalmente en el área metropolitana de Barcelona.
A la puja convocada para adjudicarla acudieron sólo dos licitantes, Agbar y Acciona. La primera, histórica abastecedora de la Ciudad Condal, tiene de máximos accionistas al grupo francés Suez y a La Caixa. Presentó su oferta acompañada por Aigües de Terrassa, Aigües de Sabadell, las constructoras Acsa, Copisa y Calaf, más dos bancos financiadores, el estadounidense First State y el francés Caisse de Dépôt.
Por su parte, la constructora madrileña Acciona acudió de la mano de una constelación de entidades catalanas, a saber, Aigües de Catalunya, Gopa Consulting, Acacia ISP, Global Buridan, Global Lubbock y Gestió Catalana d’Aigües, firmas controladas, entre otras, por las familias Sumarroca, Miarnau, Rodés y Torreblanca-Godia.
Es fama y razón que la inclusión de los Sumarroca en cualquier negocio que se plantee por estas latitudes suele ser garantía de éxito. No en vano, tiene de máximo exponente a Carles Sumarroca, cofundador de Convergència Democràtica de Cataluña. Este personaje lleva treinta años practicando un fructífero deporte: la caza al vuelo de contratas públicas.
El caso es que, a finales de 2012, el Gobierno de Artur Mas adjudicó ATLL durante 50 años a la constructora madrileña Acciona, contra pago de 1.000 millones, 300 de ellos al contado rabioso.
Aguas de Barcelona denunció de inmediato el acuerdo ante la justicia, por todo un cúmulo de irregularidades que en su opinión se perpetraron en el expediente. Desde entonces, Agbar y Acciona se han cruzado un alud de demandas cautelares. Todas ellas se han resuelto a favor de Agbar.
Arcas exhaustas
ATLL es la privatización de más grueso calibre acaecida hasta la fecha por nuestros andurriales. Es, así mismo, la primera gran operación que Artur Mas articuló para aligerar el tupido y costoso parque de participaciones empresariales surgido al amparo del poder autonómico. Pero, como reza el dicho, «al primer tapón, zurrapa».
Los expertos sostienen que el concurso entero fue una chapuza descomunal, propia de la cohorte de principiantes y aficionados que siempre han rodeado a Artur Mas. Así mismo, las bases se pergeñaron defectuosa y precipitadamente, bajo la fuerte presión de las circunstancias.
Recuérdese que, a la sazón, Mas bregaba por cuadrar a toda costa las cuentas de la Generalitat para 2013, aunque fuera a martillazo limpio. Y no se olvide que gracias a los salvíficos 300 millones, se pudo sufragar la nómina de los funcionarios en diciembre. Adicionalmente, el consejero de Economía Andreu Mas-Colell se anotó los 700 millones restantes como ingresos del año, pese a que se irán recaudando realmente en el curso de los 50 años venideros.
La transmisión de Aigües Ter-Llobregat se hizo a tontas y a locas y es doblemente perversa. Estamos hablando de la gestión de un servicio público esencial y, además, por un periodo tan dilatado, que equivale a hipotecarlo durante un par de generaciones.
Si la justicia da la razón a Agbar y se revierte la concesión, el embrollo se liará aún más. Acciona ya ha adelantado que piensa reclamar hasta el último céntimo a la Generalitat. Pero sus arcas están bajo cero. ¿De dónde sacará la pasta?
Al margen del desenlace del pleito, los usuarios ya están experimentando, a costa de su propio bolsillo, las secuelas de la ruinosa privatización. Hasta ella, la tarifa del agua era de 0,38 euros. Acciona reclamó en su plica elevarla a 0,7088, y Agbar, a 0,79 euros.
De estos escuetos datos se deprende que, prevalezca una u otra, los grandes perdedores son los millones de abonados, pues sus costes engordarán un ciento por ciento. De momento, en el bienio de gestión de Acciona, el precio del líquido elemento se ha disparado un 24%. Y lo que te rondaré, morena.
