El agujero oculto del ‘banco malo’

Con razón no quiso entrar el BBVA en la Sareb, el banco malo impuesto desde Bruselas para que España recibiera los 40.000 millones de ayuda para sanear el sistema financiero. Con cauteloso criterio, la entidad financiera presidida por Francisco González desdeñó la opción porque, a la vista de los activos y créditos transferidos, las cuentas no estaban ni mucho menos claras. Y las proyecciones de beneficios para sus accionistas estaban cogidas con alfileres, con ese 15% anual que ya en 2013 no se va a cumplir.

Y no lo estaban porque la sociedad presidida por Belén Romana, junto a los siete gestores que la acompañan, cuenta entre esos activos con una auténtica bomba de relojería. Esos créditos concedidos a los promotores cuya amortización resulta más que dudosa. Cuando la próxima semana la Sareb asuma los activos procedentes de las entidades del Grupo 2 (BMN, Liberbank, Caja 3 y CEISS), el riesgo asumido por esta cartera crediticia tóxica será de unos 36.000 millones de euros.

¿Alguien se atreve hoy a asegurar cuántos de estas decenas de miles de millones se podrán devolver por parte de los promotores? Nadie. Esta misma semana los de Reyal Urbis ya se han puesto en cuarentena tras la insolvencia manifiesta y entrada en concurso de acreedores del grupo presidido por Rafael Santamaría, otro de los reyes del ladrillo caído en desgracia. Y si la estrategia, a partir de ahora, de los bancos acreedores –jueces y partes en este berenjenal– es la de no facilitar más acuerdos de refinanciación de deuda, el reguero de quiebras puede ser histórico.

Las pérdidas potenciales de esos 36.000 millones de créditos transferidos a la Sareb se elevan ya a 16.600 millones al aplicar el 45,6% de rebaja sobre el valor bruto cuantificado en los libros. Pero, con el concurso de Reyal Urbis, el banco malo tendría que asumir entre 350 y 400 millones adicionales en provisiones.

Que lo haga es otra cosa, pues ya se sabe que los artificios contables lo aguantan todo. Seguramente, tratará de no hacerlo de manera inmediata confiando en que buena parte de esta exposición pueda llegar a ser colocada a terceros a corto y medio plazo o que el concurso se demore lo menos posible para, de esa forma, liquidar cuanto antes la inmobiliaria presidida por Rafael Santamaría y repartirse los activos.

Nadie piensa en otra hipótesis pero, si estos supuestos no se cumplen, las cábalas sobre el alcance de hasta dónde podría llegar el agujero –abierto con esos 400 millones que deja la quiebra de Reyal Urbis– llevarían el asunto a unos terrenos ciertamente tenebrosos. Sobre todo si se tiene en cuenta que es el propio Estado el que tendría que apechugar, a través de su 45% de participación a través del Frob, con lo que le correspondiera en cada ampliación de capital que se plantee. Sólo con el concurso de Reyal Urbis serían unos 185 millones de euros. Nada comparable con lo que puede llegar a suceder.

Mientras tanto, llegan nuevos concursos de acreedores. A partir de ahora, cada renegociación de deuda se va a convertir en un auténtico calvario. El día a día de la Sareb pasa por el reparto de millones de euros a través de contratos de consultoría firmados con afamados despachos de abogados, consultores inmobiliarios y la auditora KPMG.

Todos, para hacer más o menos lo mismo: intentar arrojar luz sobre el actual valor de los activos tóxicos que las entidades financieras, nacionalizadas o no, le han endosado al banco malo porque se tiene la certeza que, incluso con la rebajas aplicadas, lo pagado resulta excesivo.

En el caso de KPMG, el negocio de la valoración de activos inmobiliarios de las entidades financieras le está saliendo redondo. Por sendos contratos para hacer el mismo cometido, aquellos tests que evaluaron la solvencia del sistema financiero español, el Banco de España le abonó el pasado año 4,63 millones por tres meses de trabajo entre junio y agosto. Ahora la valoración la harán las consultoras inmobiliarias, con CB Richard Ellis de coordinadora, y a KPMG se le ha encargado el rediseño del plan de negocio.