El BBVA se apropia del decreto contra desahucios
A mediados de noviembre del pasado año, el Gobierno ponía freno a los desahucios de familias vulnerables y anunciaba el realojo de afectados en pisos de la banca, mediante una moratoria de dos años de la que se beneficiarán quienes ingresen menos de 19.200 euros anuales y parejas con bebés, discapacitados o dependientes.
Casi cuatro meses después de esta iniciativa, el BBVA, sin mencionar el Real Decreto, decidía apropiarse del mismo, como si fuera una acción exclusiva de la entidad y, usando todas sus capacidades propagandísticas, lanzaba a los cuatro vientos un plan de medidas para ayudar a los clientes que no puedan pagar y que pierdan su única vivienda por un procedimiento judicial instado por el propio banco, algo que ya estaba contemplado ya en la medida del gobierno.
La iniciativa de la entidad incluye un programa de búsqueda de empleo y ayudas económicas de hasta 400 euros mensuales durante un periodo de dos años. Eso llevó a El País a echar cuentas y a concluir que con la iniciativa, pese al RD, la entidad vasca seguiría adelante con la política de desahucios que en los próximos dos años podría afectar hasta 3.000 familias “necesitadas”. Algo que otras muchas entidades financieras decidieron paralizar, a raíz del decreto del gobierno que frenaba los desahucios para “familias vulnerables”.
Post-it
El decreto aprobado en noviembre tenía como objetivo regular quiénes podrán acogerse a la moratoria de dos años en los desahucios propuesta por la patronal de los bancos y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
Según explicó la vicepresidenta del gobierno, los colectivos «más vulnerables», son aquellas familias con ingresos que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone en la actualidad unos 1.600 euros mensuales y 19.200 euros al año, siempre que haya habido una alteración de la cuota hipotecaria. También podrán beneficiarse las familias numerosas o aquellas que tengan a su cargo a un niño menor de 3 años o a personas dependientes o con discapacidad. Los deudores en paro y sin prestación por desempleo y determinados casos de violencia de género también podrán beneficiarse de las medidas.
Carlos Díaz Güell es editor de ‘Tendencias del Dinero’, publicación ‘on line’ económico-financiera de circulación restringida
