El déficit exige más actividad
El pasado lunes, el ministro Luis de Guindos confirmaba que España «estaba muy cerca” del objetivo de déficit del 6,5% del PIB fijado por Bruselas para 2013.
Manifestaciones que evidenciaban que no se cumpliría el objetivo, dando a entender que se ajustaría a los pronósticos del FMI de principios de octubre de 2013 –cuando explicó que España cumpliría con el 5,8% fijado por Bruselas para este año–, pero que 2013 cerraría con un 6,7%. Dos décimas por encima de lo exigido.
Valores coincidentes con las recientes declaraciones de la Comisión Europea. También considera que el déficit público del Estado se ha situado en el 7,2% del PIB, del cual, el 0,5% corresponde a la ayuda a la banca. Sin el efecto del rescate al sector financiero, el déficit quedará en el 6,7%.
Una cifra que representa unos 68.500 millones de euros. Una suma enorme a pesar de los recortes efectuados y del significativo descenso de los intereses de la deuda. Pero la ausencia de políticas encaminadas a incrementar la actividad productiva, la disminución de las rentas del trabajo y la enorme tasa de paro, parece que han comportado que la recaudación haya sido inferior a la prevista, y que algunas partidas de gasto hayan superado la cifra presupuestada.
Un déficit público enorme en un Estado con bajo nivel de actividad, que comporta que 13,79 millones de personas –el 29,2% de sus habitantes– dependan, en gran parte, de recursos públicos. Unos recursos que alcanzan los 10.640 millones de euros mensuales, el 1% del PIB.
Conocer en detalle el resultado de 2013 deberá esperar a la presentación de las cuentas a finales de marzo. Pero, con independencia del detalle de las mismas, es indispensable incrementar la actividad para ganar la batalla del déficit.
Para ello es imprescindible actuar en dos líneas. La primera es incentivar que las empresas incrementen su tamaño; que se afronten los problemas que frenan la competitividad de las organizaciones; que se desbloqueen las políticas que frenan la disponibilidad de recursos financieros y que se garantice la continuidad del flujo de generación y la aplicación de conocimientos. Y a la vez, asumir que la competencia en el mundo global exige que las sociedades asuman el entorno cambiante para saber adaptarse a las nuevas realidades. También es importante innovar en un marco de transferencia e interrelación así como atraer e incorporar talento hacia las organizaciones y fidelizarlo.
La segunda línea de actuación debe fomentar las nuevas vocaciones empresariales. Apoyar de forma decidida a emprendedores –como agentes que, con su emprendimiento de hoy, crearan los puestos de trabajo de mañana–, se convierte en una actividad consustancial.
Para ello, hay que asumir que apoyar el emprendimiento obliga a aceptar el binomio éxito–fracaso. Y, consecuentemente, es imprescindible dejar de estigmatizar a aquellos que no han alcanzado el éxito en sus actividades iniciales. Que las iniciativas de los emprendedores deben nacer con voluntad de actuación global, lo que exige capacidad de observar, analizar, reflexionar, discernir y concretar el pensamiento en productos y servicios. Y a la vez, interiorizar que la sociedad está hiperconectada, es mediática, está permanentemente acelerada y es abierta e impulsiva.
La situación es compleja, los objetivos de déficit exigen hacer más con menos en una sociedad que, instalada en la precariedad y la incertidumbre, ha soportado con dureza las consecuencias de la crisis. Una sociedad que precisa que se recupere la actividad económica y la generación de trabajo.
Por ello, las políticas deben orientarse a construir un ecosistema que facilite por un igual el crecimiento de las empresas existentes y el surgimiento de nuevas. Políticas encuadras en el convencimiento que sin empresa, no hay futuro. Son las organizaciones productivas las que aportan valor a los recursos, generan puestos de trabajo y hacen posible convertir el progreso técnico y científico en progreso social.
