El Gobierno dice que le salen las cuentas del déficit público

Palabra de ministro. Cuando todavía faltan más de tres meses para cerrar el año, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se ha mostrado convencido de que el objetivo de déficit, comprometido para este año en el 6,5% del PIB, será cumplido sin necesidad de adoptar medidas «más allá de las puestas en marcha», recordando que se van a ahorrar 5.000 millones de euros en el pago de intereses de la deuda pública y que están mejorando los ingresos tributarios, lo que, junto a la recuperación de la economía, llevará al déficit «a converger hacia ese 6,5%».

Con tal contundencia el ministro zanjaba la polémica sobre el cumplimiento del objetivo fijado por la Comisión Europea (CE) tras la prórroga concedida a España, aunque el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se situó, acumulado hasta julio y en términos del PIB nominal, en el 5,27%.

La lucha contra el déficit público, pese al esfuerzo realizado, continua siendo uno de los asuntos sometidos a debate en la medida en que su evaluación y resultado varía según los capítulos que se contemplen, lo que permite a los críticos con la política económica del Gobierno recordar que el resultado final sería muy distintos si se hubieran incorporado las pérdidas contabilizadas por ayudas públicas a la banca que no se confían en recuperar, algo que Bruselas permitió que no contasen en el déficit, lo que en caso contrario hubiera elevado sensiblemente el desfase de las cuentas públicas.

Este asunto ha venido siendo el eje de las dudas de analistas y observadores de la eurozona en la medida en que el cumplimiento de esta ratio se supeditaba al comportamiento de los ingresos tributarios como consecuencia de las modificaciones fiscales realizadas y de la mayor actividad económica y del ahorro en el pago de los intereses de la deuda pública, aunque algún analista de referencia como AFI ponía de relieve que existen riesgos para no alcanzar el objetivo de ingresos recogidos en los PGE, que establecen un incremento de 6.000 millones, debido a que el aumento de las devoluciones en el primer semestre está limitando las ganancias de recaudación.

El mismo analista incide en esa posibilidad debido al deterioro reciente de la posición del Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) que justifica que a julio el déficit agregado se sitúe próximo al 5,2% del PIB, nivel similar al del mismo período de 2012 y tan solo 1,3 puntos inferior al 6,5% del PIB establecido como meta. En cualquier caso, “el riesgo de desviación se centra, sobre todo, en las CCAA pero, de producirse, no debería superar las dos décimas de PIB”.

Y mientras España parece en disposición de cumplir, en mayor o menor medida, su compromiso con la CE, Francia ha anunciado que cerrará el ejercicio con un déficit público superior en casi medio punto al objetivo fijado por la CE (3,7% del PIB) y propone medidas de consolidación para el año que viene por importe de 18.000 millones de euros (incluyendo una subida del IVA). La recuperación en esta economía gana intensidad pero de forma moderada. El PIB se estancó en 2012 y apenas crecerá en 2013. Para 2014, el gobierno ha revisado el crecimiento (por debajo del 1%) y así será difícil que el déficit público caiga por debajo del umbral del 3% del PIB.

El cierre del actual ejercicio dará paso a un 2014 que se presenta en este aspecto altamente complicado en la medida en que es un año preelectoral, el objetivo de déficit se sitúa en un 5,8% y la deuda pública está disparada y muy cerca del objetivo del 91,4% para todo el año. Y lo que es más preocupante, la previsiones apuntan a que ésta continuará creciendo hasta alcanzar el 100% del PIB en 2016 con las correspondientes repercusiones que ello va a tener en el déficit público. La presentación del proyecto de presupuesto nos dará muchas pistas.

Post-it

En junio pasado, la Comisión Europea amplió en dos años el plazo concedido a España para reducir el déficit público por debajo del 3% a la vez que relajaba los objetivos fijados para los próximos años: un 6,5% para 2013; un 5,8% en 2014; un 4,2% en 2015 y un 2,8% del PIB en 2016. De la extensión de dos años no solo se beneficiaba España, sino Francia, Polonia y Eslovenia, mientras Portugal, Bélgica y Holanda dispondrán de un año más.