El MWC, a pique con los políticos detrás de la barrera

Los políticos tenían mecanismos para reconducir el MWC poniendo incentivos y garantías de cobertura sobre la mesa, y escalando el problema a nivel de Estado

Los políticos en general, y los barceloneses en particular, han hecho un arte de evitar aparecer como culpables de algo. Con este fin, manejan con maestría tanto la ocultación realidades incómodas como la derivación de culpas de un problema.

Esta es precisamente la situación de la que hemos sido testigos durante esta semana, en la que la celebración del Mobile World Congress se ha acabado yendo a pique a causa de las dinámicas que el brote epidémico en China ha desatado globalmente, y que ha llevado a una masa crítica de empresas del sector a renunciar a su participación, mientras los políticos locales seguían detrás de la barrera a la espera de que sea otro quien tome una decisión sobre la celebración, para que los damnificados por la cancelación (taxistas, hosteleros, restauradores) no les echaran a ellos las culpas.

Una pasividad inversamente proporcional a su capacidad para tomar la iniciativa para darle la vuelta a la situación, y proteger los intereses de la ciudad, como sí parece que han hecho los políticos de Ámsterdam, donde nada parece indicar que se vaya a cancelar el ISE 2020, un congreso tecnológico que acoge a 1.300 expositores, un 15% de los cuales provienen de China.

MWC: Al no hacer nada las instituciones, la bola de nieve de las cancelaciones ha ido creciendo

Por más que sea entendible que las empresas expositoras que comenzaron a anunciar su retirada del Mobile World Congress habían llevado a cabo un análisis de costes y beneficios, y habían llegado a la conclusión de que era más barato pagar la penalización por no asistir que las primas de seguro de responsabilidad civil necesarias para proteger tanto a sus empleados en Barcelona como a sí mismas de litigios, es posible leer en esta decisión que el incentivo financiero derivado de su presencia en el MWC no justificara asumir los riesgos.

Es, por lo tanto, posible especular con que el brote del coronavirus ha sido una coartada plausible para un conjunto de empresas que ya habían perdido interés en el evento barcelonés. Por consiguiente, siendo esta una motivación creíble, los políticos locales tenían a su alcance mecanismos para reconducir la situación poniendo incentivos y garantías de cobertura sobre la mesa, y escalando el problema a nivel del Gobierno de España si hacía falta.

Pero perversamente, al no hacer nada, han logrado que la bola de nieve fuera creciendo, y con ella, los costes de las primas de seguros de responsabilidad civil, que están en buena medida determinados por percepciones, más que por hechos tangibles.

De la misma manera que la dialéctica entre los partidos catalanes se basa en practicar el juego del gallina, aderezado de florituras retóricas, para no aceptar ninguna responsabilidad por el fracaso del procés, ni mucho menos ser culpabilizados del fiasco, con esta negligente táctica del avestruz sólo se logra postergar los problemas, que no solo siguen ahí cuando sacas la cabeza del hoyo, sino que se han hecho más grandes.

Del mismo modo que el efecto contagio –y no precisamente vírico– parece haber sido determinante en la cadena de cancelaciones, existe el riesgo de que otros eventos multitudinarios, de cuyo rendimiento depende la economía de la ciudad, por más que Ada Colau se empecine en lo contrario, se vean asimismo afectados por un potencial efecto dominó. 

Habida cuenta de que la entidad organizadora del Mobile World Congress es, sobre el papel, una organización sin fines de lucro, las pérdidas que se produzcan repercutirán mayormente en gastos de personal, es decir en empleo.

Ahora, con el congreso cancelado, la GSMA tendrá que hacer frente a compensaciones y reembolsos en unos órdenes de magnitud suficientes para abrir un hondo agujero en su pasivo y obligarlo a adoptar una reorganización de su modelo de negocio en Barcelona. Si esto se produce, otras organizaciones tomarán buena nota del respaldo que pueden esperar de las instituciones catalanas, y de la confianza que se puede depositar en sus políticos.