El poder y la justicia

Lo que realmente opera en la sombra en la renovación del CGPJ es el miedo a las consecuencias que pueda tener, para PP y PSOE, no disponer de jueces afines para sortear sus causas judiciales

Pedro Sánchez y Pablo Casado se saludan en la última reunión pública que mantuvieron en La Moncloa, el pasado el 2 de septiembre de 2020 | EFE/FV/Pool/Archivo
Pedro Sánchez y Pablo Casado se saludan en la última reunión pública que mantuvieron en La Moncloa, el pasado el 2 de septiembre de 2020 | EFE/FV/Pool/Archivo

La renovación del Consejo General del poder judicial, bloqueada desde hace tres años, necesita la aceptación de tres quintos del Parlamento, ya que es necesario disponer de 210 votos para lograr llevarla adelante. La aritmética es bien sencilla. Sin un acuerdo entre el PSOE y el PP no es posible lograr acabar con la actual situación de parálisis y erosión institucional.

Esta aritmética permite esgrimir que, si los dos principales partidos de España han cosechado los escaños para renovar a los jueces con el apoyo de algún otro partido, están obligados a establecer un acuerdo. Así pues, el actual desencuentro en la negociación entre el PP y el PSOE, que impide llegar a un acuerdo para renovar la cúpula del poder judicial, no es involuntario; no se debe a que ambas formaciones no pueden o no saben cómo hacerlo, sino porque no quieren.

También se podría esgrimir que no lo hacen para poder imponer un sistema de elección de los jueces. Sin embargo, hay que recordar que la Comisión Europea advirtió de los problemas que podía ocasionar impulsar propuesta del PSOE y Podemos de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para el nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial.

La propuesta fue retirada debido a la recomendación de Bruselas y la preocupación de la mayoría de la judicatura española. También es bueno no olvidar que, mientras no se renueve el Consejo del Poder Judicial, se mantendrá la actual mayoría conservadora.

Hay que preguntarse a qué es debido este decidido empeño en boicotear la renovación del poder judicial más allá del cálculo político. Una respuesta la podemos encontrar en la estrategia orientada a debilitar al oponente como única forma de obtener réditos políticos. Sin embargo, la motivación más plausible y lógica es la necesidad política de controlar o influir en el poder judicial que, en principio, debería tener absoluta autonomía del poder ejecutivo y legislativo.

Todo se resume a la idea de que, para que el poder sea real, se debe poder controlar a los tres poderes políticos. Solo entonces el poder puede ser reconocible para aquellos que deben sufrir su arbitrariedad. Se critica al PSOE y al PP de buscar la mejor fórmula que permita manipular a los jueces, cuando lo que realmente opera en la sombra es el miedo a las consecuencias que pueda tener, para sus partidos, no disponer de jueces afines para sortear sus causas judiciales, entre otras cosas.

Solo debemos recordar que una de las funciones del Consejo del Poder Judicial es el régimen disciplinario judicial que permite exigir responsabilidades disciplinarias a jueces y magistrados. La cuestión de fondo que está en juego, no debemos buscarla en el presente político, sino en la necesidad de sobrevivir a las actuaciones políticas que los políticos realizan, sobre las que, en muchas ocasiones, el poder judicial se deberá pronunciar.

Fèlix Riera