El silencio del empresariado catalán
La decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de imponer una moratoria en la concesión de licencias hoteleras, que puede suponer paralizar la construcción de 48 hoteles y un serio frenazo a la economía barcelonesa, no ha merecido respuesta orgánica alguna por parte de la numerosa estructura empresarial catalana.
Todo ello contrasta con la pública y rotunda oposición, por parte de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la Cámara de Comercio de la capital, contra una inexistente tasa que el Ayuntamiento de la capital había esbozado imponer al sector turístico, aunque lo hiciera, al parecer, como base de debate.
El mutismo empresarial catalán, solo roto por excepciones particulares, no ha pasado desapercibido, aunque tampoco ha sorprendido a casi nadie. Los silencios del colectivo empresarial catalán sobre temas espinosos suelen ser especialmente apreciables.
Solo así cabe interpretar la no involucración de organizaciones como el Gremi d’Hotels de Barcelona, el Círculo de Economía, el Círculo Ecuestre, Foment del Treball o La Cambra de Comerç de Barcelona, todas ellas con muchos años de trayectoria en defensa de los intereses empresariales catalanes. Aunque por la situación política por la que atraviesa Cataluña han preferido no entrar en posicionamientos «por la cuenta que les trae», tal y como afirma un analista y observador de la realidad catalana.
Solo la Generalitat, por razones obvias, y el presidente de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, se han manifestado públicamente. El gobierno catalán, en contra de la medida. El segundo, haciendo una valoración positiva de la decisión por entender que la moratoria garantiza un debate sereno sobre el modelo turístico. Hoteles Husa, propiedad de Gaspart, se encuentra en situación concursal desde febrero de 2014.
El Gremi d’Hotels de Barcelona, por su parte, se ha limitado a respirar por la herida y depositar su esperanza de que la moratoria sirva para hacer frente «con firmeza» a los establecimientos que operan de forma ilegal.
En Madrid, el no anuncio de imponer una tasa al sector turístico disparaba todas las alarmas. No en vano, la capital está inmersa en un relanzamiento de su imagen como destino turístico y una medida como ésta puede cercenar todos los objetivos buscados.
Y quién mejor para defender los intereses turísticos de Madrid que el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de la capital y de CEIM, Jesús Gatell, tarraconense de nacimiento.
Se oponía a la posible medida de imponer una tasa al sector al señalar que «implantar una medida así significaría cruzar unas líneas rojas que van contra el interés social, ya que el turismo supone más del 7% del PIB de la región e implica 300.000 empleos, por lo que supondría ir en contra de la propia sociedad. Ahora que Madrid está en la senda de la recuperación turística, no podemos permitir una medida así y penalizar al viajero, ya que puede suponer una barrera psicológica para visitar la capital y, por tanto, frenar la llegada de turistas nacionales e internacionales». Gatell, dixit.
¿Cautela, prudencia, temor, miedo, o simplemente complicidad por parte del empresariado catalán? Puede que ninguna de esas preocupaciones o puede que todas a la vez, pero los empresarios catalanes no parecen estar dispuestos a significarse públicamente y con firmeza ni por el procés ni por casi nada que pueda afectar a sus intereses. Así están las cosas.
