El Tribunal Supremo decide intervenir en la reforma energética
El estilo de Rajoy, el del silencio, el de un cierto olvido por la comunicación, ha terminado por imponerse en casi todos los miembros del gobierno y uno de sus más importantes valedores -el ministro Soria- está cocinando la reforma energética entre acerbas críticas de la totalidad del sector eléctrico –principal destinatario de la reforma– que se queja de ser sujeto pasivo de unas medidas dirigidas a ellos y que van a modificar el sesgo de sus negocios.
Nadie sabe nada, nadie se ha sentado en las últimas semanas en una mesa gubernamental para debatir, opinar, ser escuchado o ser informado de la evolución de un proceso que tiene como finalidad poner fin a un déficit de tarifa del sector eléctrico que se ha convertido en monstruoso.
La responsabilidad habría que buscarla en la extraordinaria alegría con la que en época de bonanza se decidió repartir primas a la producción de energía renovables, lo que ha conducido a una situación insostenible, obviando la rápida evolución de los costes de unas tecnologías poco maduras como es el caso de las energías fotovoltaicas y termosolares. Un dato revelante: en tres años, el coste de una placa solar de primera calidad ha pasado de más de 3 euros a 70 céntimos.
En medio de estos silencios oficiales, los expertos consideran probable que el gobierno tire por la calle de en medio y se tiene la impresión de que no entraá a hacer grandes dibujos, sino que utilizará la sal gorda e impondrá decisiones que afectarán a todas las partes implicadas, sin atender a procesos históricos, productividad de las fuentes de generación, necesidades de inversiones, etc.
Sólo unas dudas parece que se mantienen y entre ellas el diferente tratamiento a las fotovoltaicas y a las termosolares y el referente al céntimo verde como recargo del impuesto de hidrocarburos, que incluiría la reforma elaborada por Industria y que se destinaría a sufragar las renovables, frenando así el déficit de tarifa. El ministro Montoro y la oficina Económica del presidente han mostrado su oposición a dicho proyecto.
En estas circunstancias, terminar con el déficit tarifario que supera los 24.000 millones de euros, se presenta como una tarea ardua a pesar de las dos “subidas de la luz”, aprobadas este año, y a otra batería de medidas adoptadas por el gobierno en los últimos meses referidas recortes de ayudas, primas y otros gastos.
En medio de una confusión generalizada, claramente provocada, en la que se mezclan prórrogas de actividad de la central nuclear de Garoña, subidas de la luz con informaciones “teledirigidas”, la pasada semana el Tribunal Supremo intervenía en el proceso al conocerse dos sentencias favorables a la decisión del gobierno de Zapatero y su ministro Sebastián por la que se recortaban los derechos a primas originariamente comprometidos para el fomento de energía renovables. La seguridad jurídica, tan puesta en duda por el sector afectado, quedaba, en primera instancia, salvada.
El fallo del Supremo da respuesta a los recursos interpuestos por representantes del sector de la energía solar en los que se cuestionaba, básicamente, la desaparición de la tarifa regulada fotovoltaica una vez transcurrido el periodo de 30 años. Recortada en cinco años el número de horas con derecho a prima, las sociedades recurrentes aducían que tal desaparición atentaba contra los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, igualdad y proporcionalidad de la actuación administrativa, además de constituir –desde su punto de vista- una expropiación de derechos. Conviene tener en cuenta que el periodo de amortización de una instalación fotovoltaica en las condiciones originarias estaba en torno a los 10/11 años, sobre el total de 35 años que contemplaba el pago de primas.
Los fallos del Supremo, que crean jurisprudencia aplicable a la materia, creando doctrina general sobre el régimen especial de producción de energía eléctrica, señalan, entre otros aspectos, que los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, no tienen un «derecho inmodificable» a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula la percepción de sus retribuciones. Son ellos mismos quienes han optado por no acudir al mercado (posibilidad que siempre les queda abierta) y han preferido beneficiarse de un sistema público de fijación de aquéllas.
Y a los amigos de las primas, las tarifas y las subvenciones, el Supremo les recuerda que la práctica eliminación del riesgo empresarial que supone acogerse a la tarifa regulada, sin competir en precios con el resto de agentes en el mercado, es una ventaja sobre los operadores del sector eléctrico, sujeta a las vicisitudes de la libre competencia; ventaja cuyo reverso lo constituye precisamente, entre otras, la posibilidad de alteración de las medidas administrativas ante cambios de las circunstancias ulteriores (con el respeto a unos mínimos de rentabilidad que en este momento no es el caso recordar).
En el año 2010 esta fue, por lo demás, la tendencia generalizada en los países de la Unión Europea que contaban con sistemas públicos de apoyo a la tecnología fotovoltaica, obligados por las circunstancias a ajustar los incentivos para mitigar su incidencia en las respectivas economías. El sector de la energía solar, causante en buena parte del inmenso déficit, ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales europeos y sus más altos representantes se han lanzado a los foros públicos denunciando la situación de desprotección en la que se encuentran, así como los efectos colaterales de las posibles decisiones del gobierno.
Aunque no entran a valorar si una tasa a las renovables sería legal, algunos de sus portavoces califican ésta de «aberrante y absurda», y entienden que los cerca de 1.500 millones de euros de ajuste necesarios en el sistema eléctrico, podrían realizarse mediante otros instrumentos como una tasa a la generación, el “céntimo verde” y, si fuera necesario, subidas de tarifas de la luz.
En un paso más, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) lanza todo un reto implicando al sistema financiero español al calcular que la banca española tiene una exposición de 15.000 millones de euros al sector fotovoltaico y la internacional de 5.000 millones, por lo que la imposición por parte del Gobierno de una tasa a las renovables agravaría los actuales riesgos que atraviesan muchas instalaciones y podría generar un problema financiero a las propias entidades. A partir de ahí, la prima de riesgo, la inseguridad jurídica, la argentinización….
**Carlos Díaz Güell es editor de ‘Tendencias del Dinero’, publicación ‘on line’ económico-financiera de circulación restringida.
