Los empresarios catalanes no se acaban de creer lo de la normalización de Cataluña 

Solo un 7% de las que se han ido de Cataluña desde 2017 hasta hoy han regresado y las salidas en dirección a otras comunidades autónomas siguen siendo más numerosas que los regresos

En lo que va de año llegaron a Madrid 427 empresas y se fueron 434, no es un buen dato y ha sido celebrado por todo lo alto en los despachos más enmoquetados de Barcelona. En Cataluña no han podido lanzar las campanas al vuelo de forma absoluta, por qué los datos sobre movilidad de empresas que afectan a esta comunidad han sido, como siempre, peores que los de Madrid: las llegadas fueron 183 y las salidas 206. No estamos hablando de fango, ni de bulos, la información procede de un informe de una empresa pública. 

La Generalitat de Illa insiste una y otra vez en que Cataluña se ha pacificado y, efectivamente, el independentismo está en horas bajas, no tanto por la acción de gobierno de Illa, sino por el desgaste independentista. Un día sí, y el otro también, desde la Generalitat y las patronales catalanas se anuncia la vuelta masiva de empresas, pero la misma no acaba de materializarse. Solo un 7% de las que se han ido de Cataluña desde 2017 hasta hoy han regresado y las salidas en dirección a otras comunidades autónomas siguen siendo más numerosas que los regresos.  

La batalla de la OPA del BBVA al Sabadell es mucho más que una fusión, es evitar la perdida de la más grande de las pocas empresas que han vuelto y la posibilidad de que si la OPA fracasa se pueda mantener el relato de las virtudes del retorno a Cataluña. Los motivos de la salida y del no retorno no son solo políticos, en realidad la política no es ni de lejos el motivo principal, las empresas no tienen ideología.  

La fiscalidad sin comparación en ninguna otra comunidad, la burocracia paralizante hasta el extremo que el mismísimo Salvador Illa está intentando reformar la administración autonómica, la inseguridad jurídica derivada de las normas improvisadas en especial en el ámbito inmobiliario y turístico, las normas ambientales que generan sobrecostes inasumibles para la industria, la lentitud en la concesión e cualquier licencia y los elevadísimos costes laborales son los motivos que preceden a la política para entender por qué Cataluña es la comunidad autónoma que de forma reiterada y constante desde hace una década encabece el ranking negativo de fuga de empresas.  

Saldo de ventas más positivo entre todas las comunidades

Para justificarse, desde las altas instancias catalanas se alega que el mismo informe señala que Cataluña es la que tiene el saldo de ventas más positivo entre todas las comunidades, con 436 millones ganados, gracias a que las empresas que aterrizan en Cataluña facturan más que las que se van. Efectivamente en el primer trimestre del año entre las diez empresas más grandes que han cambiado de comunidad cinco se han mudado a Cataluña y solo una ha salido de Cataluña hacia otra comunidad, es un magro consuelo porque entre las empresas que han vuelto a Cataluña el flujo mayor fue en 2019, pero desde entonces la desconfianza empresarial en Cataluña ha crecido. Si en 2019 volvieron 113 empresas, el año pasado solo regresaron 84. 

Con normas como el derecho de tanteo para grandes tenedores, o propietarios de cinco inmuebles, la nueva tasa turística con un gravamen que se convertirá en el más elevado de Europa o infraestructuras fundamentales como el aeropuerto paralizado parece muy difícil que Cataluña abandone el farolillo rojo del atractivo empresarial español.  

Llamar a los empresarios defraudadores, aborrecer a los que crean empleo y machacarlos a impuestos y normas absurdas es la mejor forma de invitarlos a irse y no volver.  

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