Entrecanales echa de menos a los socialistas
Seguramente sea una mera casualidad, más debido a los tiempos de crisis que corren que a otra cosa, pero lo cierto es que a Acciona no le han podido ir peor las cosas desde que el Partido Popular llegara al Gobierno de España hace casi año y medio.
Hasta entonces, con el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero –el único que el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, había conocido tras tomar el testigo de su padre en enero de 2004–, los negocios no le podían haber ido mejor al heredero para llevar a cabo la transformación, sutilmente programada y no sin ciertas reticencias de su tío y primo, de la histórica empresa de ingeniería y construcción en una compañía global de infraestructuras, energía y servicios de agua con casi 33.000 empleados en medio mundo.
Pero fue llegar Mariano Rajoy a la Moncloa, y todo empezó a torcerse. En unos casos, por decisiones directas del Ejecutivo popular, y en otras, como la derivada de la polémica concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) por parte de la Generalitat de Catalunya. Lo cierto es que son cientos de millones los que Acciona ya ha visto esfumarse o está a la espera de que no lo lleguen a hacer los previstos durante los próximos 50 años con esta concesión, en el caso, claro está, de que los tribunales la mantengan en los términos que fue firmada el pasado 27 de diciembre.
Un contrato, para prestar el servicio de abastecimiento de agua a los cinco millones de habitantes de la ciudad de Barcelona, su área metropolitana y nueve comarcas de su entorno, que le ha servido a Acciona para apuntarse un incremento del 137% en su cartera de Agua en las cuentas de 2012, hasta los 11.326 millones de euros.
Los que ya no se van a recuperar son los 160 millones de beneficios que Acciona ha dejado de apuntarse como consecuencia de los dos Reales Decretos gubernamentales contra el sector de las renovables, cuya aplicación se ha plasmado en el impuesto a la generación, el canon a la hidráulica, el nuevo marco retributivo de la termosolar, la desaparición de la opción ‘pool prima’ o la revisión del índice de actualización de tarifa.
No es de extrañar que con los nubarrones que se ciernen sobre las renovables y la incertidumbre regulatoria que sobrevuela sobre el sector energético en España, con una reforma legislativa que no acaba de llegar y un déficit de tarifa para el que tampoco se encuentra una solución definitiva, Acciona –como ACS desde hace más de un año o FCC, en el marco de su nuevo plan estratégico– haya dado los primeros pasos para tantear el mercado en busca de un potencial comprador a una participación significativa de su división de Energía.
Se venderá o no –más bien no, toda vez que hoy el mercado no parece estar dispuesto a entrar en operaciones de gran calado como ésta–, pero el simple hecho de anunciar su intención de colocar abriría la puerta a sacar del balance la deuda financiera asociada. No en vano, el endeudamiento de Acciona crece sin parar –en un 7% en 2012 hasta los casi 7.500 millones (1.000 más en dos años)–, lo que unido a un descenso del patrimonio neto, ha llevado su apalancamiento financiero hasta el 136%, doce puntos más que en 2011.
Y para colmo de males, algo con lo que Entrecanales quizá no contaba. Que la CEOE, históricamente neutral en cuanto a asuntos que puedan enfrentar a sus asociados, parece haber tomado partido, de cara a la nueva Ley Eléctrica, en favor de las grandes compañías eléctricas, y en detrimento de otras que, como Acciona o ACS, tienen grandes intereses en renovables.
Lo dejaba caer esta semana Antonio Garamendi, presidente de la Comisión de Energía de la patronal, cuando, ni corto ni perezoso, y ante la amenaza del Gobierno de rebajar la retribución a la distribución, comentaba que el problema del sistema eléctrico es que tiene que asimilar 6.000 millones de euros por las primas a las renovables y más de 2.000 millones en costes financieros del déficit de tarifa, lo que suman cerca de 9.000 millones de euros. Todo un aviso a navegantes.
