España debe decir no a una nueva subida del IVA

El Gobierno de la nación no puede, ni debe, subir la carga impositiva por mucho que la Comisión Europea se lo reclame, y aunque esta recomendación esté vinculada al informe de evaluación del rescate bancario español. Este país no puede asumir una nueva subida del IVA en estos momentos, simplemente porque sería insoportable para los ciudadanos y actividades económicas en un momento de inestabilidad y debilidad económica extrema. La reducción del déficit público tendrá que paliarse con más reformas, más control y exigencias en el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria de las comunidades, y con planteamientos que no pasen por aumentar la ya asfixiante carga fiscal y tributaria a pymes y autónomos.

Subir la carga impositiva de los carburantes sería repercutir esa subida en la totalidad de servicios y productos que necesitamos en nuestro día a día. Centrar la petición en la subida del IVA reducido sería incrementar el tipo impositivo general que se aplica, entre otros, a los alimentos, viviendas, servicios de hostelería, entradas a espectáculos, gafas y lentillas, transportes de viajeros y equipajes, servicios funerarios o el impuesto que se aplica al pan, leche, huevos, frutas, verduras, hortalizas, cereales, quesos, libros, periódicos, medicinas, coches de minusválidos, etc. En resumen, los tipos de IVA reducido se aplican a determinados bienes o servicios de uso general o considerados de primera necesidad, y tocarlos al alza en un momento de caída del consumo generalizado significaría el cierre de innumerables actividades económicas. Y quiero recordar la realidad en Ourense, que no es otra que la de 31.911 parados en febrero, un 0,22% más que en enero y un 4,95% más que en febrero del 2012.

Las soluciones pasan por medidas como la unidad de mercado o la ley de emprendedores. Dos leyes imprescindibles para iniciar la ansiada recuperación. La ley de unidad de mercado debe liberalizar y unificar la legislación dentro de nuestro país, acabando con las innumerables trabas territoriales a las pymes dentro de un mismo estado, que dan una imagen de inseguridad jurídica y a la vez de desigualdad económica.

En este contexto, es necesario una ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales que simplifique y agilice los tramites a desarrollar, por lo que el complemento ideal es el, ya puesto en marcha, vehículo llamado autoridad fiscal independiente, que vele por la normativa presupuestaria y que sea la encargada de supervisar la elaboración de los presupuestos de las administraciones, así como su aplicación y ejecución. Pero la apuesta realmente necesaria en un contexto de destrucción de empleo es la ley de emprendedores, para que ayude a las personas que estén en situación de desempleo a crear su propio autoempleo, y para ello las bonificaciones fiscales a la nueva actividad deben ser generosas y estimulantes, a la vez que se deben crear bonificaciones fiscales para los empresarios que inicien nuevos proyectos y que puedan obtener ventajas en la contratación de empleados. La Estrategia de Empleo Joven y Emprendimiento es un buen soporte inicial, pero insuficiente.